En el ojo del Águila

Guerra por el empleo deja rastros de muerte

2012-02-16T10:28:00.001-08:00

Cortesía Daniel Olivares. El Tiempo de Puerto La Cruz

César Batiz| Cbatiz@cadena-capriles.com/@Cbatiz.-

Por debajo del portón de la casa corrió la sangre ese domingo, 22 de enero en la madrugada, en el sector 29 de Marzo de Barcelona (Anz). Ese día, cuatro hombres descendieron de una camioneta echando fuego con fusiles AR-15 y pistolas 9 mm. Nelson "Nelsito" David Rojas Mongua (23), falleció en el acto. Su primo, Juan Carlos Rojas Mongua (28), lo haría minutos después, en el hospital.

Nelsito, según las fuentes policiales, era el responsable de al menos tres homicidios. Trabajaba para un supuesto sindicalista. En cambio, su primo Carlos David era empleado de la gobernación y fue una víctima circunstancial, de acuerdo con las investigaciones. Ambos quedaron apuntados como las últimas "bajas" en el parte de guerra desatada por los cupos de empleos en el norte de Anzoátegui.

En los primeros 31 días de 2012, nueve hombres fallecieron a tiros en la zona. Al menos siete de ellos se movían entre los claroscuros de las leyes, al acecho de los cupos de trabajo, cobrando sobornos y ofreciendo protección en las obras que se realizan en la región. Cinco presentaban antecedentes por robo, porte ilícito de armas o posesión de drogas, entre otros. Otras ocho personas, entre ellas cuatro mujeres, resultaron heridas en medio de los tiroteos perpetrados por sicarios armados con fusiles, revólveres y pistolas.

Luego de los asesinatos, en el pavimento quedan las manchas rojas sobre las cuales lloran los familiares y buscan evidencias los policías, un trabajo que se dificulta por el temor de los testigos.

Pocos recuerdan los detalles de los vehículos utilizados por los matones, quienes generalmente actúan en grupo de cuatro individuos, todos jóvenes, usando un carro o camioneta y una moto. Los testigos mucho menos son capaces de describir sus rostros.

Perros bravos

"Los invisibles operan y nadie los ve", dice un sindicalista que prefiere mantener su nombre en reserva. Afirma que utilizan fusiles R-15 y FAL. También emplean revólveres 38 y pistolas 9 mm. Se mueven en Guanta, Puerto La Cruz, Barcelona, Píritu y Puerto Píritu; cada uno en su zona, porque de lo contrario se desataría una batalla.

Algunos trabajan para los pranes (jefes de mafias carcelarias). Los viernes llegan a los portones de las obras, cobran su tajada y sin mover una pala o atender un reclamo de los obreros, se marchan para llevar la recogida a sus líderes en el presidio. Funcionarios de inteligencia policial confirmaron el modus operandi.

Otros actúan como los perros bravos, relataron un sindicalista y un exdelegado sindical quien laboró en el mantenimiento de una planta de Petroanzoátegui, instalación de Pdvsa.

"Los jefes de las contratistas los emplean y tratan de que queden como delegados laborales -encargados de vigilar el cumplimiento del contrato colectivo o delegados de Insapsel -responsables de velar por la seguridad, higiene y ambiente en las obras-. Andan empistolados y uno no puede hacer ningún reclamo al patrón porque te muestran el arma de fuego o esperan que vayas al baño para darte un cachazo en la cabeza. Si no, te llaman a tu teléfono para decirte que mejor te quedes tranquilo, pues el gerente tal es su protegido. Si un extrabajador acude a reclamar el pago fallo de sus prestaciones, ellos no lo dejan llegar al portón. Se levantan la camisa y enseñan la pistola", comentan.

Aunque el silencio es parte del código, siempre se filtra algo. Un acta del 31 de enero de este año -firmada por representantes de seis empresas que participaron en los trabajos de mantenimiento de Petroanzoátegui, representantes de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) y exobreros que laboraron- relata en el punto 5 lo siguiente: "Se reitera la denuncia de amedrentamiento a los extrabajadores de Alianza Faena-América, quienes se dirigen a efectuar reclamos a dicha contratista".

Los perros bravos se encargan de sembrar el miedo en los otros; a veces, se muerden entre ellos y derraman sangre, como ocurrió con Nelsito.

Ese terror los protege y evita la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales. Hasta la fecha, sólo se tiene plenamente identificado al responsable de uno solo de los homicidios de enero (ver recuadro), contra quien la Fiscalía emanó una orden de aprehensión.

Nadie ve, nadie habla

El miedo abre el camino a la impunidad, alerta el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Anzoátegui, Jhony Salazar, quien forma parte de la comisión mixta que se creó por orden de los ministerios de Interiores y Justicia y de Defensa, y que dirige el comandante del Core 7, general (GN) Alejandro Keleris Bucarito.

"En muchos de esos casos están identificados los autores por el trabajo policial, pero no tenemos los testigos que quieran declarar y sostener la acusación. Mucha gente no habla porque saben la trayectoria del muerto, de allí que nadie ve el color del carro, ni saben a qué sindicato pueden pertenecer los atacantes", puntualiza Salazar.

El comisario aclara que la Fiscalía tiene la obligación de darle a conocer al imputado el nombre de quien lo denunció; por eso el testigo difícilmente quede en el anonimato, de allí que algunos ciudadanos prefieren el silencio y, ante ello, poco pueden hacer las autoridades.

Salazar pone un asterisco a las cifras de los medios de comunicación, pues reconoce que entre los muertos de enero sólo se contabilizan tres personas vinculadas a la lucha por los cupos de empleos en el norte de Anzoátegui y no nueve, pese a que los familiares de los fallecidos, al ser interrogados por las autoridades, refieren que el muerto era sindicalista, aunque no saben de qué organización.

Comenzó la pelea

Las amenazas contra los sindicalistas y las denuncias por la venta de cupos siempre han ocurrido, recuerda el secretario general del Sindicato de Fedepetrol en Anzoátegui, Gregorio Rodríguez, quien sin embargo asegura que antes de 2006 nunca llegó a ver un arma de fuego en las instalaciones petroleras, pese a que sabían que había gente armada: "Si alguien me amenazaba, simplemente hablaba con ellos y les hacía saber que no estaba solo y que alguien me defendería".

Hasta 2006, los sindicalistas petroleros manejaron 60% de los ingresos a las contratistas del sector, según lo disponía la cláusula 69 del contrato colectivo. Pero desde ese año la situación cambió debido a la denuncia de irregularidades en la asignación de trabajo. Desde entonces se creó el Sisdem, el cual ha recibido críticas por los desempleados, mientras que los sindicatos de bases eran despojados de su legalidad por parte de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv).

El secretario general de la Futpv, José Bodas, afirma que en ese momento el norte de Anzoátegui se encontró con una disminución del empleo petrolero y de la construcción, debido a la conclusión de los proyectos asociados a los mejoradores de la Faja del Orinoco. Paralelamente, opina Bodas, sucedió la proliferación de diferentes sindicatos, porque el mismo partido de gobierno (MVR entonces, Psuv hoy) los promovía para tratar de lograr el dominio del sector obrero.

De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo, en 1999 existían 208 organizaciones sindicales inscritas; en 2008, el número se elevó a 4.646.

Rodríguez recuerda que en 2006 y 2007 se crearon los frentes o bloques de trabajo, con los cuales los consejos comunales pasan a exigir puestos en las obras que se ejecutan en sus comunidades.

Así, el panorama incluía entonces a los sindicatos tradicionales, las nuevas organizaciones, los frentes de trabajo y grupos que sin ninguna legalidad comenzarían a exigir puestos en las obras. Entre ellos, se colaron sujetos con prontuarios policiales y armados, quienes usaron la fuerza para imponer su ley.

La matazón

Para el sector construcción, la situación varía un poco. A diferencia del sector petrolero, los sindicalistas sí mantienen el dominio de 75% de los ingresos a las obras según el artículo 65 del contrato colectivo. También se reservan las delegaciones laborales y de seguridad, higiene y ambiente.

En ese sector, un puesto de trabajo puede costar hasta Bs 1.500, afirma el secretario general del Sindicato Único de Obreros Profesionales de la Industria de la Construcción (Suopicvcsea), Miguel Quirot, uno de las dos organizaciones gremiales legalmente constituidas en la entidad.

"Si son 10 cupos, el supuesto sindicalista se queda con Bs 15.000. Esta es la verdadera razón de la matazón", expone Quirot antes de aclarar que en la zona de Lechería, donde opera su organización, en ocho años no ha ocurrido ningún homicidio en la caza de los cupos de empleos debido a que ese 75% lo reparten en partes iguales entre los que hacen cola en el portón, las comunidades y el sindicato. Sin embargo, prefiere no salir de su zona por temor a otros sindicalistas.

"Estos sujetos -los sindicalistas o quienes se hacen pasar por ellos- tratan de negociar un porcentaje de 10% a 20% semanal con las personas a quienes les encuentran trabajo o logran que los contratistas les paguen a ellos como supervisores de las obras", afirma el comisario Jairo Deonice, director de la Policía de Sotillo.

Un acuerdo como ese puede llegar a representar cerca de BsF 2.000 sin trabajar, debido a las cláusulas del Contrato Colectivo de la Construcción. "Eso es más negocio que atracar blindados", asevera Gregorio Rodríguez.

La reacción

El 1° de agosto de 2010, el presidente Hugo Chávez, en "Las Líneas de Chávez" escribió: "En Venezuela no tenemos sindicalistas asesinados", comparando la situación del país con la colombiana. La organización de derechos humanos Provea le respondió publicando una lista de 65 víctimas entre junio de 2008 y marzo de 2010, entre quienes figuran dirigentes laborales de la Mitsubishi en Anzoátegui. Entre octubre de 2007 y septiembre de 2011, Provea contabilizó 179 personas fallecidas en la guerra de empleos

Bodas considera que la situación responde a la falta de acción del Estado, que ha permitido la impunidad. "Todo esto es parte de la descomposición social y de que no existe una central obrera fuerte que permita vencer el miedo y enfrentar la política de Estado de destrucción de los sindicatos", alerta para justificar el silencio de las organizaciones obreras.

Luego de los nueve asesinatos en el norte de Anzoátegui, las autoridades encendieron la alarma. Desde el lunes 30 de enero, se reunió la comisión mixta conformada por GN, Cicpc, Sebin, Fiscalía Superior, Circuito Judicial, Defensoría del Pueblo, Inspectoría del Trabajo y policías municipales.

En dos semanas han logrado la detención de un hombre en una obra en Barcelona portando un arma de fuego; y de otro en Güiria (Suc) que usaba un revólver, una pistola, una escopeta y un fusil para extorsionar a las empresas de la zona.

El comandante del Core 7 asegura que desde la activación de la comisión se ha observado un incremento de las denuncias, lo cual les está permitiendo entender el esquema que emplean esos grupos.

El general Bucarito resalta que ya tienen nombres e identificaciones de los presuntos responsables, pero se abstiene de revelarlos hasta tanto la Fiscalía lo autorice.

Mientras las autoridades actúan, en las calles de Barcelona y Puerto La Cruz corre la brisa marina y frente a los portones de las obras forma doble fila el miedo a no encontrar empleo o a morir en medio de una guerra a la que no se le encuentra fecha de caducidad.

José Rojas se desmarca del caso Illaramendi

2012-02-10T06:15:00.000-08:00

El ex ministro de Finanzas y representante de Venezuela en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, José Rojas, niega cualquier relación en el esquema fraudulento montado por el ex asesor de Pdvsa, Francisco Illaramendi, procesado en EEUU por la pérdida de al menos $300 millones en los fondos manejados por sus empresas.
El Mundo Economía y Negocios (Emen) se comunicó con Rojas debido a que en el expediente de la demanda presentada contra el ex funcionario de Finanzas de Pdvsa, Juan Montes, el síndico, John Carney, realiza una sinopsis de la vinculación del financiero venezolano−estadounidense con la petrolera, en la cual resalta su nombre.
"Pancho fue un asesor de Pdvsa nunca un empleado", afirma José Rojas desde Washington. Agrega que Illaramendi fue contratado por la experiencia que tenía en la recompra de bonos de la estatal petrolera. Desconoce lo que Illaramendi hizo luego de terminar el contrato con Pdvsa. "Que quede aclarado que soy una persona transparente en todas mis actuaciones", puntualiza Rojas.
Historia conjunta
En el escrito, Carney indica que en 1994, Illarramendi, como empleado de un banco de inversión, manejó transacciones corporativas en nombre de "Pdvsa Finance, un vehículo de financiación regulada por la SEC para Pdvsa".
En 2004, Illarramendi tomó una licencia para ausentarse del Creditt Suisses Bank y asumir un contrato como consultor independiente para la filial de Pdvsa en Estados Unidos, PDV−USA en Nueva York.
El escrito señala: "Paralelamente, Pdvsa contrató a Illarramendi para ayudar a retirar las ofertas de varias notas emitidas por Pdvsa Finance. Illarramendi y su equipo, que incluyó al futuro miembro principal de Michael Kenwood Group, Odón Habeck, y quien sería director financiero de Highview, Víctor Chong, llegaron a PDV−USA bajo los auspicios de José Rojas, ex ministro de Finanzas de Venezuela. Sin embargo, el tiempo de trabajo para Illarramendi PDV−USA fue de corta duración".
En 2005, Illarramendi y su equipo llegaron establecer la oficina de PDV−USA en Nueva York, pero fueron destituidos de sus cargos. En esa misma época, Rojas también salió de la corporación.
"Después de su terminación de relación con PDV−USA, la reputación de Illarramendi en Pdvsa se vio empañada severamente, en parte debido a su afiliación con José Rojas, una figura polémica en Pdvsa", dice el documento presentado el 3 de febrero en Connecticut.
Tras su salida, Illaramendi conformó la firma de inversiones High View Point, junto con dos ex compañeros del Creditt Suisses Bank, uno de ellos el financiero costarricense, Frank López.

Como conocía el movimiento de los fondos de ahorro y pensiones de trabajadores de Pdvsa, Illaramendi logró establecer la relación con el ex directivo de Finanzas de la petrolera, Juan Montes, a quien, de acuerdo con la demanda, pagó sobornos y comisiones para obtener la colocación del dinero de estos fondos, en su banca de inversión.
Así se armó el esquema de fraude desde 2005, con la cooperación, de acuerdo con la demanda, del empresario venezolano, Moris Beracha.
Sobre Beracha, el ex ministro Rojas aclara que lo conoce al igual que a otros venezolanos vinculados al sector financiero, sobre todo debido a sus actividades académicas, como ocurrió en marzo de 2010, cuando coincidió con en una conferencia en la Universidad de Georgetown.

Publicado en El Mundo Economía y Negocios el 10 de febrero de 2011

Sobornos por más de $35 millones en caso Illaramendi

2012-02-09T09:20:00.000-08:00

Por César Batiz

Dos nuevos nombres se suman a la lista de implicados en el caso que se sigue en la Corte de Connecticut en contra de Francisco Illaramendi, ex asesor financiero de Pdvsa.
De acuerdo con par de demanda civiles presentadas por el síndico procurador de la causa, John J. Carney, el ex funcionario de la Dirección de Administración de la estatal petrolera, Juan Montes y el empresario venezolano vinculado al área de las telecomunicaciones y financiera, Moris Beracha, figuran entre las personas que participaron en el esquema fraudulento montado por Illaramendi, con el cual el economista venezolano-estadounidense generó $300 millones de pérdidas a los fondos administrados.
La trampa del ex asesor de Pdvsa incluye el uso del mercado permuta y de los recursos depositados en los fondos de ahorro y pensiones de los trabajadores y los jubilados de Pdvsa.
Carney presentó el mismo 3 de febrero la dos demandas civiles.
La primera contra Montes, por recibir comisiones y sobornos, por lo que debería pagar más de $35 millones de ser hallado culpable.
En esta incluye a Movilway, compañía de Beracha por donde se transfirieron los pagos.
La segunda va dirigida solo a Beracha, quien tendría que cancelar más de $171 millones de comprobarse su participación en el sostenimiento del esquema fraudulento armado por Illaramendi.
La semana pasada, Juan Carlos Horna, fue sentenciado a 14 meses de prisión porque se declaró culpable de haber participado en la realización del esquema Ponzi, al ayudar a Illaramendi en la falsificación de documentos de una entidad bancaria europea.
La misma decisión se tomó en contra de Juan Carlos Guillén en diciembre de 2011, por igual motivo.

Maniobras financieras
Según el relato de los hechos realizado en el escrito de Carney, Illaramendi ha cometido irregularidades con los recursos manejados en High View Point y Michael Kenwood Capital desde 2005, cuando comenzó a utilizar una serie de maniobras financieras para ocultar una pérdida inicial de un poco más de $5 millones. "Fue el principio del agujero", manifiesta el síndico.
En esa oportunidad llegó a utilizar las firmas de su cuñado, Rufino González-Miranda, propietario de la casa de bolsa Fidevalores, para ocultar los problemas financieros que presentaba su fondo de inversión.
La relación con Montes se inició en 2006, cuando el funcionario de Pdvsa, encargado de la administración de los fondos de ahorro de los trabajadores y de pensiones de los jubilados, orquestó una operación con el ex asesor de Pdvsa.
"Al leal saber y entender, Illarramendi usó el 'mercado permuta' -un tipo de mercado de cambio de divisa en la operación en Venezuelapara participar en una complicada serie de transacciones con los fondos de pensiones de Pdvsa... Montes organizó estas transacciones permuta con Illarramendi, en nombre de los fondos de pensiones de Pdvsa a cambio de pagos de sobornos... Illarramendi se basó en el acceso al mercado permuta para ayudar en su funcionamiento del esquema de Ponzi", indica el documento oficial.

El peaje
Los pagos de sobornos, comisión y peaje a favor de Montes comenzaron en noviembre de 2006. Para ello, según la demanda presentada en la corte, Illaramendi utilizó cuentas de la empresa Movilway en ciudades de Europa.
La compañía Movilway pertenece al holdings de empresas de Moris Beracha, ex asesor financiero del Ministerio de Finanzas, en los tiempos en que el hoy gobernador de Aragua, Rafael Isea, estaba al frente de ese despacho.
Este financiero, de acuerdo la segunda de las demandas, conocía desde hace cinco años los movimientos efectuados por Illaramendi para sostener el esquema Ponzi. Incluso habría prestado dinero con un interés de 80% o servido de intermediario para que miembros del sector financiero del Gobierno venezolano, realizaran negocios con Illaramendi.
Para demostrar la triangulación efectuada entre Illaramendi, Montes y Beracha, Carney hace referencia a cruces de correos electrónicos, donde los dos primeros aparecen con diferentes alias, entre ellos Tony Olson y Black, respectivamente.
Montes, quien actualmente vive en Sunny Isle Beach, en Florida, ya declaró ante las autoridades de EEUU y se sometió a la Quinta Enmienda para no verse obligado a declarar sobre temas comprometedores.
Fuentes del sector financiero aseguran que los correos y demás documentos donde se evidencian las transacciones para el pago de soborno, fueron entregados a la corte por Illaramendi, en búsqueda de una reducción de la pena.
También, una fuente cercana a Beracha dijo que éste -quien aún no ha definido la fecha en que regresará a EEUU- presentará la documentación para demostrar que estaba cumpliendo órdenes de Illaramendi.
Además, el empresario venezolano habría manifestado su intención de colaborar con las autoridades estadounidenses para explicar el esquema de las operaciones realizadas alrededor de los permutas.
Se espera que otros empresarios y financieros que colocaron dinero en los fondos administrados por Illaramendi, también sean citados en los próximos días.

Los amigos
El 3 de abril del año pasado corrió el rumor de que Beracha había sido detenido por FBI por participar en la conformación del esquema Ponzi empleado por Illaramendi. Al día siguiente, tal como lo reseñó Emen en un perfil sobre Beracha publicado el 20 de mayo, el mismo empresario negó tal señalamiento y aseguró que su única relación con el economista venezolano- estadounidense era profesional.
También se conoció que Beracha evaluaba demandar a Illaramendi.
En esta historia ambos tiene un conocido en común que destaca sobre los otros. El ex ministro de Finanzas y ex directivo de Pdvsa, José Rojas, quien es representante de Venezuela ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Publicado en El Mundo Economía y Negocios el 9 de febrero

Más $81 mil millones en pérdidas dejaron los apagones

2012-01-31T12:51:00.001-08:00

Durante la presentación de la Memoria y Cuenta, Hugo Chávez dijo: “Hemos salido de lo peor”, al referirse a la crisis eléctrica. Mientras hablaba, sectores de Maracaibo sufrían un apagón.

Entre 2010 y 2011 Corpoelec racionó 27.324 Gw/h en todo el país, afectando principalmente a los estados Bolívar, Zulia, Carabobo, Anzoátegui, Aragua, Táchira y Monagas. Además, incumplió las obras eléctricas previstas para los dos años

Los racionamientos eléctricos aplicados por Corpoelec, entre 2010 y 2011 en todo el país, han generado una pérdida de $81.226 millones al aparato productivo de la nación, lo que representa tres veces las reservas internacionales, aseguraron los miembros del Grupo Técnico Ricardo Zuloaga. El cálculo económico fue realizado a partir de los gigavatios hora (Gwh) que se han dejado de servir a los hogares, comercios e industrias desde enero de 2010 a noviembre de 2011.
El análisis, efectuado por los especialistas en energía Miguel Lara, Nelson Hernández, José Aguilar, Víctor Poleo, Iñaki Rousse, José Manuel Aller y Ciro Portillo, presentado a los medios de comunicación ayer, permitió establecer que cada Gwh racionado ha costado al país $3.000.000. Ese número fue multiplicado por los 27.324 Gwh que entraron en el esquema de racionamiento en los últimos 23 meses, lo que arrojó que el aparato productivo ha perdido $81.226 millones, entre 2010 y 2011 (ver infografía).

Por estados
Los reportes estudiados también los llevaron a determinar que desde febrero de 2010, el estado Bolívar, tras el racionamiento eléctrico aplicado a las empresas básicas, resulta desde lejos la entidad más perjudicada, pese a que en ese territorio funciona el Complejo Generador Simón Bolívar. No obstante, los especialistas consideran que concentrarse en el caso Bolívar es opacar lo que ocurre en otras entidades, donde la población padeció el racionamiento casi a diario durante esos 23 meses. Zulia, Carabobo, Anzoátegui, Aragua, Táchira, Monagas, Barinas, Miranda, Falcón, Lara y Mérida son los estados más afectados por los apagones. Mientras que la Gran Caracas y Vargas junto a Amazonas y Delta Amacuro, se encuentran entre las zonas menos perjudicadas, mostraron en una tabla.
Agregaron que en 2010 se reportaron 337 fallas por encima de los 100 Mw, suficientes para dejar sin luz a una ciudad como Cumaná. En 2011 esa cifra creció a 430 apagones, según los cálculos más conservadores. “Desde el año 1959 a 1998 se emplearon $50 mil millones en construir Guri, Macagua, Tacoa y Planta Centro, entre otras obras. Durante los 13 años de gobierno del presidente Hugo Chávez se ha gastado la misma cantidad pero para quitarle la luz al país”, afirmó Rousse apoyándose en datos estimados por Poleo. El análisis del grupo de expertos contrasta con las afirmaciones del Presidente durante la presentación de la Memoria y Cuenta, donde dijo: “Hemos salido de lo peor”, al referirse a la crisis eléctrica. Mientras Chávez hablaba, sectores de Maracaibo sufrían un apagón.

Las obras cortas

Desde octubre de 2009 el Gobierno ha señalado a dos responsables del racionamiento eléctrico. Las autoridades del sector primero culparon al fenómeno El Niño que afectó el nivel del embalse del Guri; y luego al excesivo consumo, por lo que se tomaron medidas como reducir la demanda en las industrias y concientizar a la población. Paralelamente, Corpoelec, Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), ofrecieron la ejecución de proyectos para aumentar la disponibilidad de energía y garantizar el servicio. Sin embargo, en 2011, las obras eléctricas se quedaron cortas.
Eran 23 los proyectos que Corpoelec estimaba concluir en 2011. Según un informe interno de la corporación, de mayo del año pasado, esos proyectos generarían 4.926 Mw nuevos que entrarían al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Incluso, ese mismo mes, el ministro Energía y Desarrollo Eléctrico, Alí Rodríguez Araque, aseguraba públicamente que su gestión aspiraba a instalar "más de 4 mil Mw en todo el país”. Luego la meta cambió hasta en dos ocasiones. En agosto, el vice-ministro de Desarrollo Eléctrico, Argenis Chávez, informó que alcanzarían 1.500 Mw con unidades nuevas y 1.500 Mw con rehabilitadas. En octubre, de acuerdo con un informe interno,el tope quedó en 1.188 Mw de nueva generación.
El ministro Rodríguez Araque, en un almuerzo que ofreció a la prensa el 22 de diciembre pasado, anunció que para esa fecha se habían concluido 10 proyectos para un total de 1.007 Mw. Comentó que entre las obras culminadas se hallaban las plantas de generación de La Raisa, Picure y Sidor -ejecutadas por la empresa Derwick, compañía que recibió 12 contratos en 14 meses-; así como las dos barcazas ubicadas en Tacoa (ver infografía). El ahora exministro de Energía y Desarrollo Eléctrico también adelantó ese mismo día que estaban por entrar al sistema 675 Mw, producto de seis proyectos que culminarían en los nueve días que quedaban del año. Entre estos megavatios se incluían 450 Mw pendientes a ser ejecutados por Pdvsa.

Porcentaje de cumplimiento

Para alcanzar la instalación de las máquinas generadoras de 675 Mw en los últimos nueve días de diciembre, hacia falta concluir los proyectos asignados a Pdvsa. El 20 octubre de 2011, de acuerdo con un informe interno de Corpoelec, titulado Balance de Potencia del Sistema Eléctrico Nacional 2011, la finalización de las tres únicas obras asignadas a la estatal petrolera, se encontraban en 0% de cumplimiento. Entre las plantas a terminar por Pdvsa se ubicaban la Ezequiel Zamora y la unidad 2 de la Alberto Lovera, rezagadas desde el año 2005.
Esos contratos fueron otorgados durante la gestión del vice-ministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, a la empresa Pacific Rim Energy (PRE), compañía que pertenece a los hermanos Majed y Kaled Khalil, vinculados a Atún Eveba y Hardwell Tecnologies. Una fuente interna de PRE informó que las obras se encuentran en ejecución, pero no finalizadas. Pese a los resultados, el 13 de enero en la Asamblea Nacional, el Presidente felicitó al ministro y a los trabajadores de Corpoelec.
Ese día el mandatario totalizó los nuevos megavatios en 1.682, dando por terminadas las seis obras. Chávez incluyó las tres de Pdvsa, de las cuales al menos dos no estaban concluidas. Además, el Presidente destacó la rehabilitación de equipos usados que permitieron incorporar 1.214 Mw. Al analizar los resultados de los años 2010-2011, Miguel Lara y José Aguilar aseguran que en ese periodo, el Gobierno solo logró cumplir con 15% de la meta acumulada de instalación de nueva generación, ubicada en 6.289 Mw.
Cuestionan disponibilidad de 18.000 Mw de generación

El 18 de enero, el mismo día que se anunció el cambio de ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque aseguró la disponibilidad de 18.000 Mw para atender una demanda estimada en 15.400 Mw durante 2012. De ese total, 12.600 Mw corresponden a generación hidroeléctrica y 5.400 Mw a termoeléctrica.
José Aguilar afirma que estamos muy lejos de los18.000 Mw de disponibilidad. Para aclarar su afirmación toma como referencia el 28 de septiembre de 2011, que fue el día con mayor demanda de energía en el país,con 17.157 Mw, según información obtenida de fuentes de Corpoelec. Para suplir ese requerimiento el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tuvo que racionar e importar electricidad a través de la conexión con Colombia, debido a que la generación del país solo pudo aportar 16.197 Mw. Esa referencia la emplea el ingeniero para asegurar que, pese a los anuncios del gobierno, la generación no superará los 16.547 Mw.

Destaca que si en la actualidad no ocurren más apagones es debido a que el mes de enero es tradicionalmente de bajo consumo eléctrico. Además Aguilar señala que el SEN trabaja con alto riesgo, al intentar que más de 8.600 Mw pasen por las líneas de transmisión provenientes de Guayana. Dice que eso “sería invitar a un gran colapso eléctrico”.

Para el exdirector del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Omar Marcano, hoy en día el SEN está más desprotegido. “Hasta 2005 la ocurrencia de una falla del sistema de generación-transmisión desde Guri era soportada por plantas térmicas grandes de Tacoa, Planta Centro y Ramón Laguna. Por el retardo de la ejecución de las plantas y las líneas de transmisión nuevas y por el crecimiento de la demanda (3,3% interanual), dichas plantas térmicas no pueden absorber las fallas… En suma, el actual sistema eléctrico no tiene la capacidad para satisfacer la demanda”, puntualiza.

La superación de la crisis está en veremos
Para Omar Marcano la crisis eléctrica está muy lejos de ser superada. “Se necesita un mínimo de 7 mil Mw en los próximos cinco años para satisfacer la demanda actual y proyectada”. Nelson Hernández, economista especialista en el área de energía, considera que la crisis “continúa con síntomas de agravarse, por no haber cumplido con la instalación de los megavatios ofrecidos en 2010 y 2011”.
Hernández ve una futura crisis energética porque las refinerías venezolanas deben producir 125 mil barriles diarios de diesel que requieren las nuevas plantas. Sobre la actuación del exministro, el exdirectivo del Ministerio de Ciencia y Tecnología destacó que Rodríguez Araque hizo lo que tenía que hacer, al gestionar las inversiones y lograr la paz laboral.
“Su trabajo fue bueno pero no suficiente porque lo sobrepasó la falta de seguimiento. Muchos proyectos engeneración, transmisión y distribución fueron tramitados por el ministro, pero las obras no se concluyeron por la ineficiente gerencia en el sector. Por ello las fallas recurrentes y frecuentes en el interior de la República”, enfatizó Marcano.

Una conspiración
Los integrantes del Grupo Técnico Ricardo Zuloaga consideran que detrás del rezago de obras y corrupción en el sector eléctrico, se encuentra un plan de destruir el aparato productivo del país para afectar principalmente a la clase media. Rousse, exvicepresidente de La Electricidad de Caracas, afirma que instalar una planta de generación no es un trabajo tan complicado para hacerlo en más de un año. Asegura que en el país se cuenta con el recurso humano preparado para recuperar al sector eléctrico.

Los blablazos eléctricos

Infografía cronológica de las promesas y cambios de cifras que han caracterizado la gestión del sector eléctrico en los dos últimos años, reaizado por diario El Mundo (Para ver pulse aquí o sobre la imagen).

Publicado en El Mundo Economía y Negocios el 27 de enero de 2012. Gracias a la edición en digital de www.soberania.org.

La oficina cárcel de la DIM

2011-12-28T14:18:00.000-08:00

Este texto es el resultado de una visita a la DIM, donde desde 2009 permanecen detenidos empresarios, banqueros y financieros vinculados con delitos económicos, como aprovechamiento de fondo de los ahorristas

La presencia de las insignias militares y del contingente de soldados portando armas largas, delatan al lugar. De lo contrario pasaría como una edificación más, ubicada al pie del Ávila, en una zona poblada de galpones, tiendas, depósitos y fábricas, como la torrefactoría donde esa mañana tostaban el café, cuyo olor se colaba hasta la recepción de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).

En la recepción de ese edificio ubicado en Boleíta Norte, un militar y un civil toman los datos del visitante, escanean su huella dactilar y fotografían su rostro luego de conocer si el preso está disponible o no ese día, como si el detenido fuera el gerente de una compañía trasnacional y no el imputado por un delito bancario, corrupción o narcotráfico.

Un funcionario sube desde el sótano. Camina con parsimonia. Pasa su carnet por el lector óptico y deja que los visitantes atraviesen por el detector de metales. Esta vez no hay revisión de nada, ni siquiera de la bolsa con regalos elegantemente forrados o del libro de Kábala que lleva la mujer trajeada con un vestido turquesa que le cae sobre las rodillas que componen las largas piernas bronceadas.

Un músico que pasó antes, cuenta que los días que va con su guitarra, puede ser que la inspeccionen un rato. Pero en fin, no hay cola, ni salto, ni tacto.

Tampoco mal olor, ni ruido, ni pisos manchados, en cambio el granito pulido conduce los pasos al ascensor desde donde se desciende a la mazmorra, o a la boca del lobo, como describió el lugar de visita uno de los funcionarios.

Allí, en el sótano 1 de la DIM, detrás de una puerta blindada, sentados en muebles de salas desteñidos, entre cubículos rodeados de tabiquería, reciben los detenidos a la visita. En un momento, las voces se mezclan en la acústica del lugar.

“Esto no es un hotel”, dijo uno de los detenidos que habló con ÚN. “Lo único es que tenemos máxima seguridad, por lo que no nos preocupamos porque otro preso nos va a matar”. El baño es común y las celdas de 2x3 metros, ubicadas dos sótanos más abajo, es su lugar de presidio mientras en los tribunales se decide su inocencia o condena.

Los funcionarios, hombres y mujeres, miembros de la División de Investigaciones Penales de la DIM, andan de civil. Si tienen armas, la visita ni se entera, así como tampoco de si vigilan los pasos o las conversaciones de quienes asisten ese día.

Llega la hora de la culminación de la visita de ese día. Un abrazo, una sonrisa y un adiós con un pronto regreso. Tal vez un recado para alguien. Al despedirse el silencio regresará al mismo lugar. Los detenidos vuelven a ver correr los segundos sobre el frío clima de la oficina-cárcel.

Texto publicado en www.ultimasnoticias.com.ve

El embajador de los negocios

2011-12-28T13:59:00.000-08:00

Carlos Alberto Cheppi: La semana pasada recibió la designación como nuevo representante
del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner enVenezuela. Este
ingeniero es viejo conocido del gobierno nacional

César Batiz

Era el director del Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (Inta), cuando vino a Venezuela en su primera misión oficial. En febrero de 2005, Carlos Alberto Cheppi, quien desde 1991 formaba parte del grupo de colaboradores más cercanos del fallecido expresidente Néstor Kirchner, realizó

un recorrido por el país para comenzar a dar forma al convenio bilateral que permitiría cambiar

el petróleo venezolano por maquinarias y tecnología producida por empresas argentinas.

Solo tres meses después se concretaría la primera exposición de esas máquinas construidas por cerca de ocho compañías del país sureño.

En mayo de ese año, con la cooperación de representantes de la Gobernación de Barinas, entonces dirigida por el maestro Hugo de los Reyes Chávez, padre del Presidente venezolano, se efectuó en la capital de ese estado llanero la muestra de los equipos que serían adquiridos por el gobierno venezolano, con una inversión, estimada de 500 millones de dólares en cinco años, pagados con parte del petróleo vendido al gobierno de Kirchner.

Desde entonces Cheppi ha participado en al menos dos misiones oficiales más. En febrerode2008 y en mayo de este año, siempre acompañando a su amigo, el ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido, a quienes medios argentinos como La Nación y Perfil, señalan de dirigir una embajada paralela encargada de los negocios con Venezuela. En esa estructura tuvo mucho peso hasta agosto de 2007, Claudio Uberti, uno de los funcionarios señalados por su participación en el caso del maletín de los $800mil de Antonini Wilson.

Cheppi es ingeniero agrónomo, nacido en Mar del Plata en 1955, casado y padre dos jóvenes. Venía actuando como embajador de Asuntos Agrarios luego de perder la elección para intendente de Mar del Plata en octubre de este año.

Ahora, tras el plácet otorgado por el Ejecutivo venezolano, cumplirá la misión encomendada por

Cristina Fernández de Kirchner, según sus propias palabras, de profundizar “todo el trabajo de relacionamiento político a través de Unasur” (16/12/2011 en www.eltribuno.com.ar), tarea que no será una novedad para él, acostumbrado como está a intermediar entre empresarios de su país y el Gobierno nacional.

Como en Wikileaks

“… nos acaba de informar Chepi (Cheppi) que lo llamó Elias Jagua (Jaua), de Venezuela, diciendo que nos quieren dar debaja el contrato de los tractores con Venezuela.Necesito que lo recibas a Raúl Gialebra(Giailevra) para plantearte el tema. A la 1 hs. se ve con Chepi… Un abrazo. José Abellí”.

La cita corresponde a un correo electrónico enviado por José Abellí -empresario vinculado al movimiento cooperativista argentino-al coordinador de la Unidad Ejecutora de la Presidencia de Argentina, Rafael Folonier, el 11 de julio de 2008, revelado por Leakymails, una especie de Wikileaks argentino, que ha publicado mensajes de funcionarios del gobierno de ese país.

Según el texto, Folonier debía recibir al directivo de Pauny, Giailevra, una de las empresas convocadas por Cheppi para el suministro de los equipos agrícolas al gobierno de Chávez. En ese julio de 2008, Cheppi asumió la secretaría Agropecuaria de Argentina, en sustitución de Javier de Urquiza, quien enfrentó las protestas de los productores agropecuarios.

En abril de 2010, el senador Luis Juez expuso que Pauny había pagado, según la información que él recibió de directivos de la empresa, de 20% a 25% de comisión a funcionarios argentinos y venezolanos para poder vender tractores a Venezuela. En ese momento, en un comunicado, la compañía negó tal versión.

En el mismo sentido, Carlos Eduardo Sadous, exembajador argentino en Venezuela hasta mayo de 2005, a principios de 2010 denunció el supuesto pago de “coimas por negocios en Venezuela”.

El vicepresidente de Fedeagro, Carlos Albornoz, está lejos de saber si hubo alguna irregularidad en la adquisición de las maquinarias, pero sí puede asegurar que parte de esos equipos, como los de marca Don Roque, solo son utilizados en las tierras expropiadas por el gobierno, sobre todo cuando efectúan las tomas de los predios. También desconoce a qué productores les dio formación técnica el equipo del Inta manejado por el nuevo embajador argentino en Venezuela.

Publicado en El Mundo Economía y Negocios el 28 de diciembre de 2011

Las rejas consumen al Zar de Mercal: Ricardo Fernández Barrueco

2011-11-27T18:11:00.000-08:00

Cesar Batiz/ÚN. En el primer sótano, detrás de los muros del edificio de estilo empresarial, un hombre de casi 1,90 centímetros y 140 kilos, anda desgarbado entre tabiques y paredes sin ventanas. En ese escenario permanece deprimido, participando de un libreto de tragedia y piedad que ni se imaginaba actuar hace más de 736 días, cuando era el todopoderoso Zar de Mercal.

Hace dos años y seis días, Ricardo Fernández Barrueco no veía las líneas de la derrota en su guión de fortuna. Desde la habitación del Hotel Marriot, ese lugar que utilizaba como residencia casi permanente en el distrito financiero del Este caraqueño, observaba el esplendor de sus negocios y la oportunidad de construir el gran emporio venezolano con las 41 empresas que poseía -entre ellos siete hatos con tres mil cabezas de cebúes puros-, los cuatro bancos de los cuales era ya accionista y la telefónica por la que acaba de ofrecer $800 millones.

Seguía entonces cobrando del prestigio ganado en la esfera gubernamental por haber ayudado, con su bolsillo, empresas y camiones, al quiebre del paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, (como lo han sostenido tanto él como sus abogados en diversas oportunidades) cooperación que le abonó enemistades en otros sectores empresariales y gubernamentales que observaban de reojo al aspirante al título de magnate bolivariano.

Pero en los últimos 736 días, 62 millones de segundos, su historia cambió de riel. Ya no es el Zar. Llamado así, precisamente porque fue convocado por el Gobierno a participar en el suministro de alimentos durante el paro petrolero, para lo cual puso a disposición de la red Mercal su grupo de empresas productoras, distribuidoras y de transporte. Es un preso con días y horas de visitas limitadas; con su esposa y tres hijos fuera del país, quien hoy ocupa, a los 46 años, una celda 2x3 metros en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), en Boleíta Norte, a la espera del inicio del juicio oral y público pautado para el 2 de diciembre.

Lo perdido. En estos últimos dos años sus abogados calculan que ha perdido al menos, sin incluir lucro cesante, BsF 12 millardos (12 billones de los de antes, equivalentes al 5% del presupuesto de la Nación para 2012) en los cuatro bancos y las empresas intervenidas por el Gobierno; es decir, su patrimonio ha disminuido en BsF 192 con cada tic tac del reloj.

Además, hace dos semanas, su padre, Bernardino Fernández, falleció en Panamá luego de sufrir un infarto en Venezuela tras visitarlo en prisión. El patriarca de la familia, el exadministrador del estacionamiento del Caracas Hilton (hoy Alba Caracas), murió en la mesa de operaciones.

"La última vez que lo visité me dijo llorando: 'Doctor, ayude a este viejo a ver a su hijo en libertad antes de morir", cuenta José Benigno Rojas, exfiscal y uno de los abogados defensores.

Una semana después del deceso de su padre, el Zar de Mercal fue atendido en el Hospital Militar de Caracas, Carlos Arvelo. Allí estuvo entre el martes 20 y el jueves 22 de noviembre, estabilizando su organismo (ver recuadro), pues presenta un alto riesgo de sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

El otro abogado defensor de Fernández Barrueco, Gastón Saldivia, sopesa la posibilidad de que su cliente no asista a la apertura del juicio debido a su delicado estado de salud.

Saldivia afirma que "Ricardo enfrenta una prisión injusta y una persecución innoble". Agrega que el Ministerio Público no puede demostrar ninguna de las imputaciones hechas contra su cliente.

Pruebas. De acuerdo con la imputación inicial presentada en noviembre de 2009 por los fiscales Daniel Medina y Ana Ysabel Hernández, Fernández Barrueco y el grupo que participó con él en toda la operación, causaron un daño estimado en BsF 4 mil millones a Banpro, Bolívar y Confederado, al tomar los fondos de los ahorristas para la compra del Canarias.

Los fiscales se apoyan, entre otros documentos, en una carta del superintendente nacional de bancos, Edgar Hernández Beherens, del 5 de noviembre de 2009, 14 días antes de la intervención bancaria.

En el primer párrafo de la comunicación Nro. SBIF-DSB-II-GGTE-GEE-17158 de la Superintendencia de Banco (Sudeban), Hernández Beherens explica las irregularidades de la compra del Canarias por parte de Banpro, por BsF 5,05 millardos.

El superintendente apunta que encontraron un sobreprecio en el pago por el Canarias. Sudeban calculó que su valor real sería de BsF 932 millones y no BsF 5,05 millardos.

En el expediente la Fiscalía mencionó 183 documentos que forman parte de la investigación previa. Entre ellos se encuentran comunicaciones de Sudeban alertando sobre inconsistencias, notas de pagaré y traspasos, así como depósitos en las cuentas de Credican.

Dicen los fiscales que esa operación "le generó un provecho o ventaja patrimonial injusta y desproporcionada a los accionistas de la empresa Credican, C.A., dueña del Banco Canarias de Venezuela, en desmedro del patrimonio de los Bancos Confederado, Bolívar Banco y Banco Provivienda, y en perjuicio a sus cuentahabientes".

José Benigno Rojas, como abogado defensor, presentó ante el TSJ un avocamiento solicitando que su cliente no fuese juzgado por la Ley de Bancos, debido a que Fernández Barrueco nunca fue banquero, pese a que su defensa argumenta que invirtió más de BsF 8,5 millardos en el rescate de las entidades bancarias, pues Sudeban siempre le negó esa posibilidad porque Fernández Barrueco no pudo demostrar el origen de su capital.
Además, expuso que ninguna de las empresas de su defendido recibió créditos de Bolívar, Banpro, Confederado y Canarias, porque, dice Rojas, que tal como lo demuestra la misma Fiscalía, los préstamos para el financiamiento de sus compañías provenían del Banco Occidental de Descuento y del Banco Nacional de Créditos. Sin embargo, el avocamiento fue rechazado por el TSJ.

La cárcel VIP. Mientras Rojas y Saldivia pulsean con la Fiscalía entre argumentos y pruebas, Fernández Barrueco se encuentran desde el 20 de noviembre de 2009, reducido al presidio y lejos del Olimpo reservado para los magnates, aunque su cárcel sea la vieja sede de una empresa, donde los visitantes son recibidos con un protocolo que no deja huellas de la rudeza y podredumbre de las prisiones venezolanas.

En ese mismo lugar, donde se encuentran los detenidos por el caso Econoinvest y Luis Velásquez Rosas, el Rey de la Cabilla, entre otros, hubiese bastado un momento para que el Zar de Mercal respondiera aunque fuera una sola pregunta. ¿Por qué no huyó del país? Ante la prohibición de hablar con el detenido, Saldivia, contesta: "Es un hombre hijo de asturianos y vasco; y venezolano. No iba a andar por el mundo ocultando su vergüenza".

Una fuente que prefirió no identificarse deja caer otra interpretación: "Él creyó que con todo el poder y las relaciones que tenía, no se atreverían a acusarlo".

Para Saldivia hubo gente que quiso perjudicar al presidente Hugo Chávez atacando a Fernández Barrueco. Al citar nombres, recuerda dos involucrados con la adquisición de los bancos, a quienes el Zar de Mercal ya mencionó en la audiencia preliminar: Pedro Torres Ciliberto y Dimas Palmar, ambos prófugos.

"A mi defendido le dijo un alto funcionario de Sudeban que entregara Banpro, Bolívar y Confederado a Torres Ciliberto y se quedara con el Canarias, porque de lo contrario no le darían nada", resalta Saldivia, quien agrega que a los pocos días de haber invertido BsF 8,5 millardos en los bancos, solo recibió el despojo de sus empresas y la prisión.

Por ahora, Fernández Barrueco solo puede aspirar a ver la luz plena en la azotea del edificio de la DIM, donde cada ocho días trasladan a los presos a tomar el sol, cima a la cual, el Zar de Mercal, quien presenta problemas circulatorios debido a una flebitis que lo mantuvo inerte hasta hace 15 días atrás, se le dificulta escalar, un símil del imperio en construcción que se le derrumbó.

Corpoelec apagó la información eléctrica

2011-11-26T06:45:00.000-08:00

Por César Batiz

Ese día, sin previo aviso, ocurrió el blackout. Tan sorprendente como un corte de corriente, el 16 de noviembre de 2010, Corpoelec bajó la cuchilla de la información sobre el sector eléctrico, al apagar el sitio web de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado -hoy Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico- www.opsis.org.ve.

A un año de esa decisión, la página que estaba en la web desde 1999, continúa apagada ,impidiendo el acceso a cualquier usuario a la información sobre el nivel del embalse el Guri, el funcionamiento de las unidades de generación hidro y termoeléctricas, el consumo de combustibles, el reporte de fallas, los planes de expansión y las nuevas obras incorporadas al sistema.

Al buscar detalles sobre el dominio www.opsis.org.ve utilizando la herramienta que facilita Conatel (http://registro.nic.ve/modules/whois ), se lee que la página administrada por Electrificación del Caroní (Edelca) está suspendida.

"Cerramos la página de Opsis porque daba datos imprecisos. Muchas veces estábamos decidiendo algún problema y estaba en completa contradicción con lo que reportaba la web. Hay gente que hace fiesta con eso. La vamos a restablecer pero no puedo decir fecha", señaló en marzo de este año (hace ocho meses) al diario El Universal, el ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque.

Excusas criticables

Para el ex gerente de operaciones de Opsis, Miguel Lara, el argumento del ministro carece de bases, ya que ningún organismo en Venezuela tiene información más actualizada del sector eléctrico que Opsis o el Centro Nacional de Gestión (CNG) como se llama ahora.

"El centro de control del despacho de carga de Opsis recibe en tiempo real (cada dos segundos) la información de todo lo que ocurre en el Sistema Eléctrico Nacional y es una información absolutamente necesaria para que el operador pueda tomar acciones y dictar instrucciones precisas, de forma tal, de poder garantizar que el sistema eléctrico opere de manera segura", expone Lara.

"En mi opinión este cierre solo obedece a una política de mordaza que aplica el Gobierno en todos los ámbitos para no permitir el acceso a la información de fuentes oficiales y así poder suministrar información sesgada hacia el lado favorable del oficialismo", puntualiza el ex gerente, antes de agregar que si el problema hubiera sido la caducidad de la página, luego de sus más de 10 años de funcionamiento, Rodríguez Araque debió mantenerla en el aire mientras simultáneamente se le realizaba un refrescamiento.

El cierre de la página ejemplifica, según la directora de Transparencia Internacional-Venezuela, Mercedes De Freitas, cómo el Gobierno venezolano, en contracorriente a lo que ocurre en otros países, provoca la opacidad de la gestión pública al impedir el acceso a información.

En 10 países de América Latina, entre ellos Bolivia , Argentina, Colombia , Panamá y Nicaragua, todos los ciudadanos cuentan con la posibilidad de acceder a los reportes de su sistema eléctrico sin ninguna restricción, expone el experto eléctrico y consultor internacional de empresas aseguradoras, José Aguilar (ver nota en la web con las direcciones de las páginas de los 10 países).

"Esa una información de dominio público y la población tiene derecho a conocerla", apunta David Paravisini, ingeniero, ex senador y profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Pese a su cercanía con sectores del Gobierno nacional, el profesor de la UBV manifestó desconocer los motivos que llevaron a Corpoelec a cerrar la página.

Para averiguar esos motivos y si existe una fecha de reapertura de la página o de otro sistema información pública sobre el sector eléctrico, El Mundo Economía y Negocios intentó consultar por vía telefónica y a través de un correo electrónico con el viceministro de Desarrollo Eléctrico, Argenis Chávez.

Una semana después de haber hecho la solicitud de la información, una funcionaria informó que el viceministro ha enfrentado una agenda muy apretada, por lo cual no ha podido leer el correo electrónico.

Pasar el suiche

Cuando se conoció el último reporte de la página (Resumen diario del SEN y Balance de energía ypotencia), el 16 de noviembre de 2010, lo peor de la emergencia eléctrica había pasado hacía ya cinco meses.

En junio de ese año, el Gobierno informó sobre el aumento del nivel del embalse del Guri, en el estado Bolívar, cuya cota había disminuido por efecto del fenómeno El Niño, presente en el país desde 2009.

Sin embargo, pese a la recuperación del embalse, el racionamiento continuó. En opinión de Lara, las cifras de los caudales del río Caroní reportadas en noviembre, las mayores en los últimos 60 años, y el bote de agua a través de los aliviaderos del Guri, dejaron al descubierto que la emergencia eléctrica no era producto de una situación climatológica, pues pese a la favorable hidrología, seguían aumentando los cortes e interrupciones en todo el país y las empresas básicas de Guayana continuaban paralizadas.

"Ese cierre de la página además le permitió al ministro Alí Rodríguez Araque continuar mintiendo tanto a los diputados como a todo el país, cuando en cadena nacional, desde la Asamblea Nacional, a inicios de 2011, señaló que no había crisis. Además, presentó otro argumento engañoso y malintencionado sobre que los culpables de lo que pasaba eran los usuarios por su consumo excesivo. De haber permanecido abierta la página, ustedes los medios de comunicación habrían evidenciado que en los años 2010 y 2011 la demanda ha sido inferior a la de 2009, con lo cual no hay 'crecimiento excesivo de la demanda' sino un decrecimiento de la misma", resalta el ex gerente de operaciones de Opsis.

Aguilar afirma que tras el cierre del sitio web, los expertos eléctricos que no trabajan en Corpoelec, se ven imposibilitados de acceder a la información y cuando les llega, con varias semanas de retraso, es a través de personas que filtran los datos pese a que la Ley de Servicio Eléctrico prevé pena de hasta 16 años de presidio para quienes los divulguen.

Una de los objetivos de la página www.opsis.org.ve era mostrar, de acuerdo con los análisis realizados por los especialistas, la demanda futura anualizada de energía. Ese trabajo se continúa haciendo, pero no se divulga con la misma facilidad.

Sin embargo, fuentes de la industria eléctrica, a partir de la data proyectada por los especialistas, pronostica una demanda superior a los 18 mil Mw durante 2012. Pero lo más grave es que los megavatios disponibles en el sistema eléctrico, aún no alcanzan esos 18 mil Mw.

Según ese análisis, la situación empeoraría para los meses cercanos a la elección del 7 de octubre de 2012, cuando, de no contar con la suficiente generación, el Gobierno deberá aplicar los planes de racionamiento en todo el país.

Publicado el jueves 24 en El Mundo Economía y Negocios

Ipys reconoce investigación de periodista de ÚN

2011-10-14T04:23:00.000-07:00

El periodista César Batiz participará en la Conferencia Global de Periodismo Investigativo 2012, en el cual presentará su trabajo de investigación

(Foto: Miguel Acurero)

NP.- La primera edición del Curso Avanzado de Periodismo de Investigación (CAPI 2011-I) convocó en abril, en Lima, a 18 periodistas de la región para que, luego de participar de un programa compuesto por conferencias de expertos en narcotráfico, industrias extractivas, contrataciones públicas e instituciones financieras, puedan encaminar un proyecto de investigación durante los siguientes cuatro meses.

Publicados los reportajes producto del curso, los entrenadores a cargo del acompañamiento de las investigaciones eligieron como mejor investigación del curso, a la desarrollada por el periodista venezolano César Batiz, del diario Últimas Noticias.

A través de una serie de entregas, iniciadas con la publicación del reportaje “Cable pelado en la electricidad”, Batiz hizo público cómo, aprovechando la crisis energética de Venezuela, el gobierno de ese país cayó en una serie de irregularidades para la contratación de empresas constructoras de obras eléctricas.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organizador del Curso, reconoció a César Batiz con un viaje a la Conferencia Global de Periodismo Investigativo 2012, y que este año tiene como sede Kiev. Esta es la reunión de periodistas de investigación más importante del mundo, donde Batiz presentará su trabajo el próximo año.

Nueva convocatoria

Ya están abiertas las inscripciones para postular a una de las 15 becas que IPYS pone a concurso para hacerse de un cupo en el siguiente Curso Avanzado de Periodismo de Investigación, cuya etapa presencial tendrá esta vez como sede Montevideo, Uruguay en diciembre próximo. Para postular da click aquí.

El presidente de Pdvsa no quiso decir nada sobre compras de Bariven

2011-10-09T09:36:00.000-07:00

El jueves 29 de septiembre en la mañana, ocurrió el accidente en el ferrocarril de los Valles del Tuy. Ese día, en medio de la emergencia y los reclamos de una treintena de conductores por las fallas en las protecciones de seguridad del sistema ferroviario, apareció el ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, quien, a pedido del presidente Hugo Chávez, salió de una reunión con la delegación bielorrusa para ir a atender la emergencia provocada por el choque de los trenes, que dejó un saldo de dos muertos y 40 heridos.

Cuando culminó su informal reunión con los trabajdores, le consultamos sobre el tema del sobreprecio en las compras de equipos eléctricos realizadas por Bariven, afirmó: "No te voy a decir nada".

El presidente de Pdvsa, empresa estatal a la cual está suscrita Bariven, se negó a suministrar cualquier reacción sobre la solicitud de investigación, que esa misma semana, el lunes 26 de septiembre, realizó el director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, ante la Contraloría General de la República, a partir de un reportaje que publicamos en ese medio el 18 de septiembre con el título Bariven compró con sobreprecio. Expresó también que nunca leyó la correspondencia que entregamos en la oficina de la estatal petrolera solicitando información sobre la compra de equipos eléctricos.

"Pueden ir a dónde quieran" espetó Ramírez antes de agregar que a él lo revisa -la Contraloría- todo el tiempo. Luego se dio la vuelta y siguió caminando sobre los rieles de la estación Charallave Norte.

A los pocos minutos un guardaespalda del ministro me pidió los datos y me tomó una fotografía con su Blackberry. Más tarde el mismo guardaespalda dijo que el presidente de Pdvsa me daría una entrevista, según le comentó el jefe de seguridad, Rafael Reiter, pero antes Ramírez debía ir al sitio donde ocurrió el choque entre los tres trenes.

Me pareció un táctica distractiva, una forma de dejarme esperando en el mismo punto sin una garantía de que me darían la entrevista. Total, en Pdvsa tienen mi dirección de correo, mi números telefónicos, saben dónde queda mi oficina y, ahora, tienen hasta mi fotografía, por lo que si querían conversar sobre las compras de Bariven o tal vez del manejo que Francisco Illaramendi, el exasesor de Pdvsa, hizo del fondo de pensiones y prestaciones de los jubilados y trabajadores activos de Pdvsa, podían contactarme.

10 días después aún espero una llamada para concretar el día y la hora de la entrevista, aunque en este lapso de tiempo, leí el 1° -el mismo día en que en la Cadena Capriles pasábamos por la conmoción de la muerte de Adriana Acosta y Antonio Guerra- las declaraciones que Ramírez le dio a El Nacional, donde habló de los proyectos de generación eléctrica para lograr la autonomía de Pdvsa del Sistema Eléctrico Nacional y también sobre el caso Bariven, acerca de lo cual expuso lo siguiente:

"Ramírez desestimó las denuncias de expertos del sector eléctrico que señalan sobreprecios en la compra de plantas. 'Enfrentaremos todo eso como siempre lo hemos hecho', dijo".
Unas pocas palabras ante un sobreprecio de $403,7 millones, monto suficiente para construir cerca 16 mil casas o para mejorar el sistema de seguridad del tren de Charallave y así evitar accidentes con dos muertos y más de 40 heridos.

Más información:
Mucha plata y poca luz

Mucha plata y poca luz

2011-09-28T06:06:00.000-07:00

Desde 2003 el Gobierno ha anunciado 72 proyectos de generación con una inversión estimada de $36 mil millones. Pero siguen los apagones, así como los negocios extraños como las compras con sobreprecios realizadas por Bariven

César Batiz. El Mundo Economía y Negocios.

El 17 de junio de este año sucedió el último gran apagón en el país, cuando buena parte del estado Zulia, entidad habitada por tres millones de personas, se quedó sin electricidad durante casi 36 horas.

Pero aunque escapen a la notoriedad y se hayan convertido en un hecho común, en el resto de los estados de Venezuela, cada día ocurren eventos que dejan sin luz a los ciudadanos de una nación donde desde el año 2003 las autoridades han anunciado, con mucha bulla y poca efectividad, 72 proyectos de generación eléctrica con una inversión estimada en $36 mil millones.

Durante el año 2001, debido a una fuerte sequía, la represa del Guri, la principal central de generación hidroeléctrica de Venezuela (con capacidad de generación de 10 mil Mw), llegó a sus niveles más bajo, una situación aún peor que la de 2009, pero pese a ello no se racionó la energía lo que sí ocurre desde hace tres años.

En aquella ocasión los técnicos que laboraban para las empresas eléctricas del Estado y privada realizaron una serie de sugerencias para la construcción de obras eléctricas que en principios fueron atendidas por el Gobierno nacional, aunque no ejecutadas.

Miguel Lara, ingeniero que dirigió la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado Nacional, recuerda que la situación no empeoró debido al paro petrolero de diciembre de 2002 y a febrero de 2003 y a la activación del sistema hidroeléctrico de Caruachi.

Denuncias de corrupción

Precisamente desde mayo de 2003 data el reimpulso a un proyecto hidroeléctrico como el de La Vueltosa, a cargo de la empresa francesa Alstom, el cual al ser concluido solventaría el problema de generación eléctrica en los andes venezolano.

Pero más que resolver el abastecimiento de energía para esa zona, esa obra ha provocado denuncias como la realizada por el fallecido diputado Luis Tascón en 2007, en contra del entonces viceministro de Energía Eléctrica y actual asesor de empresas del sector, Nervis Villalobos, quien firmó un anexo al contrato con la compañía gala, que a juicio del entonces miembro de la Asamblea Nacional fue perjudicial para la República.

Tascón decía entonces que por cada por cada año de atraso en la obra, cuya conclusión había sido ofrecida para 2007, “se pierden 45 millones de dólares que no se generan en electricidad y 20 millones de dólares en mantener a Desurca (Desarrollo Eléctrico Uribante Caparo)”, corporación estatal encargada del proyecto.

Mw carísimo.

Desde el reimpulso a La Vueltosa -aún sin ser terminada- a la fecha mucha agua y dólares han corrido alrededor del tema de la crisis eléctrica venezolana.

Corpoelec, Pdvsa y Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) han anunciado 72 proyectos desde 2003, algunos con fecha de conclusión en 2015, según consta en documentos oficiales generados en los últimos tres años e información publicada en la prensa, analizados por José Aguilar, ingeniero venezolano radicado en EEUU y especialista en el avalúo de instalaciones eléctricas en el mundo para aseguradoras internacionales.

Con ellos se generarían más de 19 mil Mw adicionales a los 25 mil Mw instalados actualmente, con una inversión de $36 mil millones, lo que significa un costo de $1,3 millones por cada Mw construido. En ese monto, los proyectos estarían por encima del justiprecio internacional, estimado entre $700 mil y un millón de dólares por Mw.

Sin embargo, hasta la fecha solo existe constancia que se han sincronizado con el Sistema Eléctrico Nacional 1.979 Mw de los ofrecidos por Corpoelec y 122 Mw por parte de Pdvsa.

Aguilar asegura que en la actualidad, pese a que la capacidad instalada sea superior a los 25 mil Mw, en realidad se están generando 16.500 Mw para una demanda casi cercana a ese tope, por lo que a diario la población venezolana soporta el racionamiento eléctrico.

“Cuando se acaben las lluvias y llegue la sequía el pueblo venezolano sufrirá las consecuencias de las obras que se dejaron de hacer desde el 2003 a la fecha”, apunta el ingeniero.

Bariven adquirió equipos eléctricos

con $403,7 millones de sobreprecio

Con un sobreprecio de $403,7 millones, Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras nacionales e internacionales para la industria petrolera estatal, compró 17 unidades de generación en un mismo día, el 20 de febrero de 2010.

En el reportaje publicado en Últimas Noticias –medio de la Cadena Capriles- el domingo 18 de septiembre con el título Bariven compró con sobreprecio, revelamos que ese 20 de febrero, mientras el ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, anunciaba en consejo de ministros que estudiaban ofertas de plantas de generación provenientes de Norteamérica, Europa y Asia, en la sede de Bariven, en el Centro Profesional Eurobuilding, se liberaban órdenes de compra a favor de tres empresas intermediarias por el monto de $767 millones.

Justificar el negocio

Esa adquisición se efectuó en medio de la emergencia eléctrica y bajo la justificación de la necesidad que tiene Pdvsa de lograr una generación eléctrica autónoma del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Por eso, el 20 de febrero de 2010, Bariven, en nombre de Pdvsa, negoció con tres empresas intermediarias, Ovar Industrial LLC, KCT Cumaná II Internacional y Derwick Associates, 17 unidades para generar 1.000 Mw.

Año y medio después, de todos los equipos comprados por $767 millones, con un sobreprecio de $403,7 millones, no ha salido el primer megavatio.

El sobreprecio

Para el cálculo de los $403,7 millones de sobreprecio se tomó en consideración el justiprecio internacional establecido en el Gas Turbine World, un anuario que utilizan en la industria eléctrica para conocer el precio base de los equipos.

Además, en el caso específico de las unidades Rolls Royce se consideró como referencia una nota de prensa de la misma empresa de junio de 2010, donde anunciaba que había vendido a Camelot Technologies Group Internationational, Inc (CGT), cuatro máquinas que serían instaladas en Puerto La Cruz. Pero CGT no tiene proyectos en el país.

De acuerdo con lo dicho en el comunicado de Rolls Royce, corporación a la que escribimos hace tres semanas sin recibir respuesta, las unidades tuvieron un precio de $18,6 millones.

Una de las empresas intermediarias, Ovarb –que funciona en Conroe, Houston (Tx), en la misma oficina donde antes estuvo la compañía Tradequip, del empresario zuliano Roberto Rincón, veterano proveedor de Bariven-, cobró el mismo modelo de unidad por $45,8, lo que implica $27,5 millones por encima, más de 50% sobre el precio del fabricante.

José Aguilar, ingeniero experto en avalúo de equipos eléctricos, quien ayudó a ÚN en el análisis del documento obtenido del Sistema Administrativo Automatizado (SAP) de Bariven, observó irregularidades como el cobro en dos ocasiones de parte de las unidades incluidas en el package.

Señaló que en el caso de KCT la venta de los equipos se disgregó de tal forma la GE LMS 100 presenta un precio de $95,6 millones, cuando el referenciado es de $35,6 millones

José Pileggi, ingeniero ecuatoriano y consultor internacional en el área eléctrica, afirma que con el tipo de máquinas compradas por Pdvsa (aeroderivadas de ciclo simple) el costo de las plantas funcionando, incluyendo la subestación, sería de $700 mil por MW, es decir, que generar los 1.000 MW valdría $700 millones. El 20 de febrero de 2010, con $767 millones, sólo se adquirieron las unidades de las cuales no ha salido el primer megavatio.

En febrero de 2010, el presidente de Bariven era Luis Pulido, hoy detenido en el Sebin de Naguanagua por el caso Pdval. En la actualidad la filial la dirige el expresidente de la Electricidad de Caracas y exviceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado, vinculado a los directivos de Derwick.

Este lunes, el director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, presentará ante la Contraloría General de la República una solicitud para que se apertura una investigación a raíz del reportaje publicado en el diario que dirige sobre la compra con sobreprecios.

El negocio de barcaza

En junio de 2010, el Gobierno nacional anunció el funcionamiento de la barcaza con generador eléctrico de nombre Antonio Nicolás Briceño, con una inversión anunciada en medios de $140 millones. Ubicada en San Lorenzo, municipio Baralt del estado Zulia, generaría 103,5 Mw para aliviar el déficit de energía en la zona. Sin embargo, tres meses después el equipo se paralizó y desde entonces permanece arrumado en un muelle de Bachaquero.

Pero la historia de esta barcaza comenzó seis meses antes, cuando Bariven, en nombre de Pdvsa, inició la negociación para la adquisición de la embarcación y la turbina.

La filial de Pdvsa negoció con KCT Cumaná II Internacional la compra del equipo a partir de diciembre de 2009, incluso durante los primeros días de ese mes, personal de Pdvsa se trasladó a Panamá para revisar la gabarra que provenía de Filipinas.

Ya para esa fecha se sabía que la ingeniería y construcción estaría a cargo de Cielemca, empresa que forma parte del consorcio KCT. Tanto la compañía como el consorcio son presididos por Blas Herrera.

Al final, de acuerdo con documentos de Pdvsa, el generador ($20,8 millones), la barcaza y la instalación de la misma en San Lorenzo costaron 137,7 millones según un documento de Pdvsa de principio de este año, aunque en el informe de mayo de este año de Corpoelec aparece con $152 millones.

No obstante, la empresa norteamericana PowerBarge LLC, ubicada en Houston, en su página web anuncia que vendió a Venezuela un equipo de la misma característica del negociado entre KCT y Bariven. El precio se desconoce.

De toda esta historia, el único hecho absolutamente cierto es que a un año de que el generador dejara de funcionar, el equipo continúa arrumado en el muelle de Bachaquero.

Bariven compró con sobreprecio

2011-09-24T06:25:00.000-07:00

Filial de Pdvsa gastó un platal en la emergencia eléctrica y no ha resuelto nada

César Batiz/ÚN.El sábado 20 de febrero de 2010, Bariven, filial de Pdvsa, gastó $767 millones en la compra de unidades de generación eléctrica. La negociación se efectuó con tres empresas intermediarias, dos con sede en Venezuela y la tercera registrada en EEUU, según revela un documento obtenido por Últimas Noticias.

Doce días después del decreto de emergencia eléctrica firmado por el presidente Hugo Chávez Frías -el 8 de febrero de 2010-, Bariven adquirió 17 unidades a través de una asignación directa de contratos, con un sobreprecio estimado entre $350 millones y $403,7 millones, cifra que resulta al comparar el monto pagado por todas las piezas con el justiprecio internacional establecido en el anuario Gas Turbine World (GTW 2009).

El decreto de emergencia, firmado inicialmente por 60 días pero prorrogado hasta diciembre de 2010, permitió la compra de equipos y la asignación de obras sin cumplir con todos los requisitos de la Ley de Contrataciones Públicas.

Bajo esas directrices, Bariven, presidida en ese momento por Luis Pulido, hoy detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Naguanagua por el caso de la pudrición de los alimentos de Pdval, realizó la operación.

Un año y medio después de la compra de las 17 unidades, contentivas de 19 turbinas para generar 1.000 MW, no existe muestra de la culminación de alguna de las 11 plantas que se debían construirse con esos equipos, mientras en estados como el Zulia los usuarios del servicio se quejan de las "multas" impuestas por Corpoelec debido al "consumo excesivo de energía".

"En agosto consumí menos que en julio y salí multado. Unos vecinos que tienen un taller mecánico pasaron de pagar BsF 500 ($116 al cambio oficial) a BsF 1.000 ($232) en un mes", resaltó Gerardo Gotera, vecino del municipio San Francisco (Zul).

Búsqueda desesperada. El 13 de marzo de 2010, un mes después de la declaración de la emergencia, el presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, anunció que evaluaban todas las ofertas de plantas eléctricas que le presentaban a la industria. "No descartamos ninguna, estamos en una emergencia y preferimos que nos sobren a que nos falten".

Pero las ofertas comenzaron a llegar antes del decreto de emergencia. Desde octubre del año anterior, cuando las autoridades anunciaron las primeras medidas para disminuir el consumo de electricidad, empresarios venezolanos iniciaron la búsqueda de las plantas en Asia, Europa y Norteamérica. Ellos debían competir con representantes de otros gobiernos como Ecuador, que también pasaba por la misma circunstancia.

Además, desde el último trimestre de 2009 Pdvsa buscaba la fórmula para obtener electricidad sin depender del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según revela un documento de la misma industria estatal de marzo de 2010.

En la presentación, los técnicos de Pdvsa indican que para producir 2,2 millones de barriles diarios de petróleo (incluyendo las empresas mixtas), se necesitaban 1.278 MW del SEN. Para ser autónomo debían construirse 24 proyectos eléctricos con una inversión superior a los $2,6 mil millones y capacidad de generación de 1.368 MW. En ese contexto se realizaron las compras de Bariven del 20 de febrero de 2010.

Antes y después. Ese 20 de febrero, mientras Ramírez hablaba en el Consejo de Ministros de las ofertas de plantas recibidas de empresas alemanas, estadounidenses y chinas, desde la oficina de Bariven, en el Centro Profesional Eurobuilding, en Chuao, se liberaban las órdenes de compra a favor de Ovarb Industrial LLC, KCT Cumaná II Internacional y Derwick Associates S.A., de acuerdo con el registro asentado en el Sistema Administrativo Personalizado (SAP) de la industria estatal, al cual tuvo acceso ÚN.

Las tres son compañías intermediarias, y ni siquiera tienen la categoría de representantes comerciales de General Electric (GE), Rolls Royce y Pratt & Whitney, marcas de las plantas que vendieron a Bariven, algunas de segunda mano, como demuestra un cable de WikiLeaks hecho público esta semana que cita a representantes de GE en Venezuela (http://wikileaks.org/cable/2010/02/10CARACAS237.html).

Todos los intermediarios recibieron un adelanto por parte de Pdvsa. Pero antes tuvieron que ser inscritas en el Registro de Proveedores Internacionales de Bariven, lo que ocurrió entre diciembre de 2009 y enero de 2010 (ver perfil de las empresas).

Con la tajada. Ovarb, sin ninguna experiencia comprobada en el suministro de equipos para la industria petrolera, vendió seis unidades por más de $251 millones (ver infografía). KCT Cumaná, consorcio conformado por Cielemca, Trimeca y KBT, vendió cinco por más de $305 millones.

En tanto Derwick, que obtuvo 12 contratos en 14 meses (octubre 2009-diciembre 2010) para la construcción de obras eléctricas para La Electricidad de Caracas, Pdvsa y Corporación Venezolana de Guayana (CVG), de las cuales han concluido cuatro según cifras actualizadas, entre ellas Las Morochas, para la cual vendieron un equipo a Bariven en diciembre de 2009 (ver reportaje publicado por ÚN el 7 de agosto de 2011), el 20 de febrero de 2010 negoció 6 equipos generadores por $209 millones junto con la empresa estadounidense Pro Energy.

En total, las tres empresas negociaron $767 millones el mismo día con un sobreprecio estimado entre $350 millones y $403,7 millones, según la comparación con Gas Turbine World, anuario que establece los precios base de los paquetes de las unidades eléctricas en el mercado internacional. Por ejemplo, KCT vendió una unidad GE LMS 100 en $95,6 millones, cuando el precio referenciado es de $35,6 millones.

Los representantes de las tres firmas fueron contactados por ÚN a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, e invitados a dar su versión de los hechos, pero cada uno alegó que debido a una disposición del contrato firmado con Bariven, no pueden ofrecer información (ver recuadro).

Sólo se accedió a una carta en la cual Pro Energy explica a un tercero que, como parte de la alianza con Derwick, en medio de la emergencia ubicaron máquinas Rolls Royce Trent 60 en la Empresa Eléctrica de Francia.

Esos equipos, valorados inicialmente en $22,5 millones, tras una serie de adecuaciones terminaron costando $28,5 millones. Derwick y Pro Energy, como intermediarios, los vendieron en $34,6 millones.

Una nota de prensa de Rolls Royce de junio de 2010 (http://www.rolls-royce.com), informa que en el primer semestre de ese año vendieron a Australia y Venezuela seis máquinas RR Trent 60 a un costo de $110 millones, unos $18,3 millones por cada unidad.

El mismo reporte indica que negociaron cuatro unidades con Camelot Technologies Group International, Inc. (CGT) y que las máquinas serían instaladas en Puerto La Cruz (Anz). CGT no tiene ningún proyecto conocido en Venezuela.

El mismo modelo adquirido por CGT, Ovarb lo vendió a Bariven en $45,8, lo que implica $27,5 millones por encima, más de 50% sobre el precio del fabricante.

Sin luz. José Aguilar, ingeniero eléctrico venezolano radicado en EEUU y que realiza avalúos de plantas eléctricas para empresas de seguros, apunta que con $556 millones se hubiera realizado la ingeniería y construcción de nueve plantas que generarían 1.000 MW, en un período de seis a nueve meses.

En este caso, resalta Aguilar, se utilizaron $767 millones sólo para la compra de las 17 unidades y aún no generan ni un megavatio.

"Con esos megavatios se resolvería parte del déficit de energía y se evitarían los cortes de electricidad, el racionamiento y cobro de multas a los usuarios", expone.

Aguilar, quien colaboró en el análisis del documento obtenido del SAP de Bariven, señala que en el mismo se revela que se cobraron hasta en dos oportunidades partes de las plantas, cuando el package, o paquete, incluye el generador, la turbina y el filtro de aire, como aparece reflejado en la orden de compra de Derwick, que fue la que menos sobreprecio cobró de las tres (ver infografía).

Señala que en el caso específico de KCT, se disgregó más aún el package para engordar mucho más la factura, de lo que se deriva que presentara un precio de $95,6 millones por una GE LMS 100.

"Con lo que se pagó a Ovarb por cuatro unidades RR Trent 60 ($183 millones) se habrían construido dos plantas y sobrarían $67 millones", puntualiza.

Pileggi también se sorprendió al observar que Bariven pagó más de un millón de dólares por un transformador, cuando en Colombia se puede encontrar por $200 mil.

El ingeniero ecuatoriano explica que "existe un costo de oportunidad que se modifica según sea la premura o la holgura" con que se vaya a los mercados internacionales a adquirir los equipos.

Dice que en una emergencia el comprador no tiene la posibilidad de buscar la mejor opción a través de un proceso de licitación, y esa situación se presta para hacer chanchullos o contratar intermediarios que encarecen la negociación.

Ni un MW. Una fuente interna de Pdvsa reveló que aún están en puertos de EEUU y Europa los repuestos de estas unidades compradas bajo la figura de la emergencia hace año y medio, debido a que la estatal petrolera no ha cancelado todos los $767 millones comprometidos en 2010.

La falta de dinero también ha impedido el avance de los 24 proyectos para lograr la autonomía eléctrica de Pdvsa.

Apenas si están autogenerando 122 MW con equipos no incluidos en la orden del 20 de febrero de 2010: Las Morochas (Zul) con 22 MW y Petromonagas (Mon) con 100 MW.

Por eso Pdvsa sigue utilizando más de 1.000 MW provenientes del SEN, sin poder liberar esa energía que sería muy útil para atender la demanda de entidades como Nueva Esparta, donde durante la semana de las fiestas de la Virgen del Valle los ciudadanos protestaron cerrando calles.

A raíz de las manifestaciones en Margarita, el Presidente reconoció: "Nosotros nos descuidamos, yo lo acepto... De hecho, es un poco tarde".

Publicado en Últimas Noticias el 18 de septiembre de 2011

Francisco Illaramendi prestó plata para comprar Banorte

2011-08-22T19:51:00.000-07:00

Por César Batiz

Con un préstamo de $30,7 millones, dado por Highview Point Fund, firma de la cual era socio principal y fundador, Francisco Illaramendi, venezolano-estadounidense actualmente procesado en EEUU por una estafa con el esquema Ponzi, el empresario José Zambrano compró Banorte en julio de 2008, banco que año y medio después fue intervenido.

Un oficio donde se analiza el origen de los fondos usados en la negociación por Banorte, con fecha del 6 de febrero de 2009, enviado por la Superintendencia de Bancos (Sudeban) a Zambrano, entonces presidente de la entidad, revela que el empresario compró gracias a un préstamo que le dio Highview Point Master Fund Ltd, fondo financiero registrado en 2005 en las Islas Gran Caimán.

El empréstito se le entregó a la empresa Intact Business Ltd, firma que, a su vez, fue registrada en Barbados en enero de 2008. Su representante, tal como han revelado las investigaciones, era el mismo Zambrano.

Cambio oficial

“Mediante certificación de los recursos, suscrita por el ciudadano José Zambrano Lucero, en su carácter de apoderado especial de la empresa Intact Business Ltd, se indica que los fondos destinados por dicha compañía a la cancelación de las acciones representativas de noventa y nueve por ciento (99%) de capital de Banorte, Banco Comercial, CA, por la cantidad de ciento cincuenta y dos millones sesenta y cuatro mil bolívares (Bs.F) 152.064.000) provienen de un préstamo que le otorgó Highview Point Master Fund Ltd por treinta millones setecientos cuarenta mil dólares ($30.740.000)… , equivalentes a sesenta y seis millones noventa y un mil bolívares, al tipo de cambio de Bs.F. 2,15/US$ 1,00. Al respecto, lo antes expuesto demuestra que el monto de préstamo recibido fue insuficiente para cancelar dichas acciones y, en consecuencia, no se pudo verificar el origen de los fondos aplicados a esta adquisición de acciones”, puntualiza el oficio enviado a Zambrano.

Fuentes cercanas a la transacción aseguran que el préstamo de Highview no fue cambiado a bolívares, aunque sí calculado a precio de mercado negro (Bs.F. 4,94 por $1) y transferido de inmediato a cuentas en los EEUU.

De acuerdo con el documento de autorización de la compra-venta a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) del 17 de diciembre de 2008, la operación se efectuó a través de la casa de bolsa Multinvest, entre cuyos directivos estaban hijos, asesores como Alejandro Uzcátegui -presidente de Empreven- y empleados de confianza del banquero Carlos Gill Ramírez, anterior dueño de Banorte.

Sin fondos

El documento de Sudeban también resalta que para la fecha en que se realizó la transacción entre Gill Ramírez y Zambrano, Intact Business solo contaba “con un activo circulante conformado por efectivo en banco por la cantidad de dos mil ciento cincuenta bolívares (Bs.F. 2.150), un activo a largo plazo representado por un título de participación por ciento siete millones quinientos dos mil ciento cincuenta bolívares (Bs.F. 107.502.150)”.

De acuerdo con la autoridad reguladora de la banca, se evidenciaba que Intac no contaba “con suficientes activos de fácil convertibilidad en efectivo ni capacidad patrimonial para honrar la deuda contraída con Highview Point Master Fund. Asimismo, como accionista mayoritario no podría hacerle frente a las posibles contingencias que pudiera esta Superintendencia exigirle al Banco”.

La conclusión de Sudeban, en vista del análisis del origen de los fondos y patrimonial de los accionistas (ver recuadro), fue objetar la compra y sugerir la venta a otros inversionistas que sí cumplan con los requisitos de ley.

Pese a esa advertencia, Zambrano y el resto de los accionistas siguieron al frente de Banorte, creando empresas fantasmas para sacar los recursos de los ahorristas de la entidad, tal como lo demostró Últimas Noticias en una serie de reportajes publicados desde febrero hasta noviembre de 2010. Sudeban, más allá de multar al banco por el incumplimiento de las carteras crediticias, no hizo mucho más por darle cumplimiento a su decisión de febrero de 2009. Incluso, Zambrano intentó comprar el Banco Federal, negociación que se cayó cuando parte del dinero había sido entregado a Nelson Mezerhane, dueño del Federal.

En diciembre de 2009, Banorte fue la octava entidad en ser intervenida por el Estado en la minicrisis financiera que vivió el país. Pero mientras la Fiscalía y el Tribunal 11 de Control ordenaban la captura de los directivos y propietarios de los otros siete bancos, Zambrano y la alta gerencia de Banorte no eran objeto de ninguna actividad judicial.

Solo fue hasta el 20 de agosto de 2010 cuando, en San Antonio del Táchira, las autoridades de migración detuvieron a José Rafael Velásquez, director externo de Banorte, quien permaneció durante seis meses tras las rejas.

Velásquez, en la actualidad, no puede salir del país, ni tampoco declarar a la prensa, pero debe presentarse periódicamente a los tribunales para seguir el curso del proceso que se lleva en el Tribunal 11 de Control.

El ex directivo alegó no ser accionista de Banorte, pues su parte la había vendido en julio de 2008 a Zambrano. Sin embargo, el documento de Sudeban dice que en diciembre de 2008 se convirtió de nuevo en accionista de Banorte.

Fuentes allegadas al proceso alegaron que Velásquez y otros nueve directivos adquirieron las acciones nuevamente por exigencias hechas por Sudeban a Zambrano, quien no podía ser el único propietario de Banorte a través de Intac, según decisión de la superintendencia.

Mientras que Velásquez, quien alegó que entregó 32 mil acciones (0,1%) mucho antes de la intervención del banco, continúa el proceso judicial en Venezuela, a Zambrano lo han visto en Miami ostentando su riqueza.

Cuando estuvo la selección de fútbol en Florida para el juego ante Honduras, el ex dueño de Banorte participó en una subasta de balones y franelas de la vinotinto. El hoy prófugo de la justicia venezolana se destacó por los altos precios que pagó por los objetos del equipo venezolano.

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Highview Point hasta el fondo

De acuerdo con la Fiscalía norteamericana, Highview Point Master Fund, la misma que le prestó los $30 millones de dólares a José Zambrano, recibió recursos de MK Capital, el fondo propiedad de Francisco Illaramendi que manejó recursos del fondo de pensiones de los jubilados y de ahorro de los trabajadores de Pdvsa, dinero que fue empleado para montar un fraude bajo el esquema Ponzi.

Highview Point fue fundado por Illaramendi, el asesor financiero costarricense Frank López y el estadounidense Christopher Luth. Todos ellos, en algún momento de su carrera coincidieron en el Credit Suiss Bank de Boston. Sus diferentes filiales tienen sede en Connecticut, Washington y las Islas Gran Caimán.

En mayo de este año, la Fiscalía de Connecticut presentó alegatos que incluyeron a Highview Point en el caso, por haber recibido dinero de MK Capital.

El 28 de junio Securities and Exchange Commission (SEC) anunció que en virtud de una orden de la Corte, $ 230 millones han sido devueltos a los Estados Unidos desde el extranjero y se mantendrán congelados hasta el término del caso de la SEC en contra de la banca de inversión basada en Connecticut, Highview Point Partners, LLC e Illaramendi.

Por su parte, la abogada representante de Pdvsa en el proceso, Lindi Beaudreault, al solicitar el retorno a la petrolera del dinero colocado en el fondo de Illaramendi, destacó que hasta mayo de este año, Frank López, Christopher Luth y el empleado de Highview Point, Víctor Chong, se han negado a declarar ante el juez y se han acogido a la Quinta Enmienda.

No obstante, se sabe que Illaramendi sí ha hablado en el tribunal y ha contado la vinculación de Highview Point con el esquema Ponzi.

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Los accionistas

De acuerdo con el documento de Sudeban los accionistas de Banorte eran:

99% Intact Business Ltd

1% Luis Eduardo Orozco, José Mariano Navarro, José Rafael Velásquez, Carlos Blessing, Ricardo Echeverría Criollo, Guillermo Archila Silva, Katy Chesneau, José Luis Pichardo, Michel Alfonso-Larrain y Cono Miguel Cardinale.

Publicado en El Mundo Economía y Negocios el 22 de agosto de 2011.

Planta termoeléctrica de Sidor en el aparato (yII)

2011-08-11T10:16:00.000-07:00

En marzo de 2010, el entonces ministro de Industrias Básicas y Minerías, Rodolfo Sanz, anunció que Derwick Associates Corporation, conjuntamente con personal de Edelca, se encargaría de instalar la unidad de 175 Mw proveniente de EEUU, la cual había sido comprada a Gazprom, empresa de energía rusa dueña del Gazprom Bank del Líbano, entidad financiera vinculada en una denuncia hecha contra el exministro en abril de 2010, ante la Fiscalía Superior de Bolívar.

No obstante, Derwick para la ejecución de la obra en Sidor subcontrató a la empresa ProEnergy Services, de Missouri, EEUU.

Un empleado de la compañía gringa asegura que durante el tiempo que estuvo en Guayana, en muy pocas ocasiones se observó la presencia de trabajadores y directivos de Derwick en Sidor. “Cada 15 días iba Iker Candina -secretario de Derwick Associates Venezuela-. Tomaba fotografías y se marchaba”.

De acuerdo con la información de Corpoelec, el proyecto no quedó en los 800 Mw ofrecidos por Sanz en marzo de 2010, que harían de esa planta una Guri termoeléctrica, según expresión del exviceministro, sino en 350 Mw divididos en dos fases.

Para esta fecha los primeros 175 Mw deberían estar sumados a la generación termoeléctrica del país, pero diversos inconvenientes han provocado retrasos en la obra.

Un consultor de Corpoelec que habló con su nombre bajo reserva, explicó que, luego del decreto de emergencia eléctrica de febrero de 2010, Venezuela salió a los mercados internacionales a comprar equipos eléctricos, había una gran demanda, por lo que el país tuvo que adquirir unidades usadas, que venían desarmadas, lo que ha dificultado la instalación.

Al menos así ocurrió con el caso de las compradas para CVG. Un ingeniero que participó en la instalación de las unidades en Sidor, mostró las placas que traen los equipos.

Una de las turbinas, la LM6000, dice que fue manufacturada en2005. Su lugar de origen es South Haven, en Michigan.

Otros de los problemas ha sido la falta de pago por parte del Gobierno nacional. En junio del año pasado y entre octubre de 2010 y febrero de 2011, la subcontratista mandó a su personal a sus casas en espera del cumplimiento del cronograma de pago.

Tras muchos contra tiempos, el proyecto está casi terminado. Pero cuando los técnicos intentaron cumplir con las pruebas de las turbinas, se encontraron con que el gas que viene a través de la misma línea que alimenta el proceso de manufacturación de acero en Sidor, resultó insuficiente, por lo que los equipos no pudieron generar todos los megavatios

previstos de acuerdo con el diseño de las máquinas.

Cbatiz@cadena-capriles.com

Planta termoeléctrica de Sidor en el aparato (I)

2011-08-11T09:36:00.000-07:00

El martes 2 de agosto, en la madrugada, una falla en la subestación Guayana B dejó sin servicio eléctrico a Sidor y Venalum. Aunque se trató de un evento vinculado al área de transmisión, esa situación recordó una de las medidas aplicadas durante la emergencia eléctrica de2010, como fue la paralización de las actividades de las empresas del aluminio y el acero, para ahorrar la energía generada por el Guri, redistribuirla al resto de Venezuela y evitar el colapso eléctrico del país.

Junto a esa acción tomada por el Gobierno nacional, el ministro de Industrias Básicas y

Minería (Mibam) de ese momento, Rodolfo Sanz, a partir del 8 de febrero de 2010, día en que se decretó la emergencia eléctrica, inició las negociaciones para la adquisición de generadores termoeléctricos en el mercado internacional.

De acuerdo con una información publicada por el periodista Francisco Gil Montes, en el diario Reporte de la Economía el 10 de febrero del año pasado, Sidor compraría “cinco plantas eléctricas en EEUU por 197 millones para enfrentar el racionamiento energético. Una de 170Mw, dos de 75Mw y dos de 50Mw”. La negociación fue efectuada por el titular de Mibam, Rodolfo Sanz y Derwick Associates Corp, apunta en sunota. Derwick Associates Corporation, tal como lo publicó el diario Últimas Noticias este domingo en el reportaje titulado Cable pelao en la electricidad, es una empresa registrada en Barbados en mayo de2009.En Venezuela se inscribió en octubre de ese mismo año como Derwick Associates Venezuela; y en España en enero de2011, bajo la denominación de Derwick Associates International SRL.

En 14 meses, la empresa sin ninguna experiencia en obras para el sector público o privado, recibió los contratos de 12 proyectos, según consta en el Registro Nacional de Contratista y en la página web de la firma.

Sus directivos, en su mayoría son jóvenes menores de 31 años, residenciados en La Lagunita.

De acuerdo con la investigación periodística, los directivos presentan relaciones coincidentes con dos altos ex funcionarios del Gobierno nacional, uno de ellos, Rodolfo

Sanz; y el otro el ex presidente de la Electricidad de Caracas y ex viceministro de

Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado.

El 8 de marzo de 2010, medios oficiales publicaron una nota de prensa donde el ex ministro Sanz anunció que gracias a unas plantas vendidas por Gazprom, que tenía previsto enviar los equipos a Rusia, a finales de ese año Sidor generaría 880 Mw. Además dijo que el 6 de marzo salió de Houston un barco con los primeros 175Mw, que llegaría el 16 de marzo. Expuso Sanz que Derwick

Associates Corp “es la empresa encargada de hacer la instalación junto a los ingenieros de Edelca”. El entonces ministro agradeció el apoyo de Gazprom y Derwick.

Lo calificó de “invalorable”.

Publicado en El Mundo Economía y Negocios el 8 de agosto.

cbatiz@cadena-capriles.com/@Cbatiz

Firma hace billete con crisis eléctrica

2011-08-08T09:24:00.000-07:00

Cable pelao en la electricidad (Con audio y video)

La falta de experiencia no impidió que una firma recibiera 12 contratos de obras eléctricas en 14 meses. EDC, CVG y Pdvsa le entregaron importantes proyectos en medio de la crisis eléctrica. Ha incumplido la fecha de entrega de cinco de ellos. Derwick Associates fue registrada en Barbados, Venezuela y España

Entrevista para radio sobre la investigación

La investigación del caso presentada en una videoinfografía

CÉSAR BATIZ.- Una empresa constituida en Venezuela en octubre de 2009, sin ninguna tipo de experiencia en ejecución de proyectos para el sector público o privado, recibió 12 contratos en 14 meses, para la construcción de obras eléctricas, entre ellas cinco fundamentales para garantizar el servicio eléctrico de Caracas.
Derwick Associates Venezuela, cuyos directivos son jóvenes con un promedio de edad que no supera los 30 años, inició la instalación de una unidad generadora para La Electricidad de Caracas (EDC) en Picure, estado Vargas, el 2 de octubre de 2009.
Consta en la página web del Registro Nacional de Contratista (RNC), que para esa fecha, Derwick no estaba inscrita como empresa bajo las leyes del país, lo que ocurrió el 28 de octubre de 2009, de acuerdo con el expediente mercantil. Menos de un mes después, la empresa firmó otro contrato con la EDC para una obra en La Raisa, estado Miranda.
Desde marzo y hasta diciembre de 2010, periodo en el cual estuvo vigente el decreto de emergencia eléctrica dictado por el presidente Hugo Chávez Frías. Derwick obtuvo cuatro contrados con la EDC, entre ellas Guarenas I y II, así como cinco más con Pdvsa y una con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), para completar 12, de las cuales cinco debieron estar concluidas antes de este mes
Sobre el costo de los proyectos sólo se sabe, por informaciones publicadas en la prensa y página web del Ministerio de Energía Eléctrica, que Picure ascendió a $130 millones por 134 Mw; y Guarenas $211 millones para 156 Mw.

Silencio. Últimas Noticias quiso conocer los detalles de los contratos, por lo que el 6 de julio entregó en la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) una carta con un derecho de petición y oportuna respuesta. También se trató de entrevistar, sin éxito, a los directivos de la empresa.
El único que respondió fue el expresidente de la EDC, exviceministro y ahora presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa, pero a través de Isabel Morán, su asesora comunicacional. Comentó que entre 2007 y 2008 Corpoelec contrató a ProEnergy Services, empresa de EEUU, para la ejecución de obras eléctricas.
De acuerdo con la versión de Alvarado, por orden de Pdvsa en los proyectos a ejecutar por ProEnergy debía participar una empresa venezolana. Por eso se asociaron con Derwick.
ÚN escribió al correo de Brett Bettinger, representante de ProEnergy, preguntándole sobre su relación con Derwick. Él sugirió realizar las preguntas a la empresa venezolana.
Asesores de Corpoelec e ingenieros involucrados en los proyectos, cuyos nombres se mantienen en reserva, aseguran que Derwick sí subcontrató a ProEnergy.

Joven. En su página web Derwick se anuncia como una organización "con un amplio rango de capacidades". "Es norteamericana", dijo un trabajador que labora en los proyectos de La Raisa.
La misma empresa tiene tres denominaciones. En Barbados, inscrita en mayo de 2009, la compañía se identifica como Derwick Associates Corporation. En el país se llama Derwick Associates Venezuela. Mientras que en Madrid es Derwick Associates International SRL.
En todos los casos coinciden nombres y relaciones. En el registro de Barbados figuran Pedro Trebbau López, Leopoldo Alejandro Betancourt López, Domingo X. Guzmán De Frutos López y Edgar Romero Lazo, como directivos.
Tanto Trebbau, Betancourt y Guzmán viven en La Lagunita, según reporta la base de datos Maisanta. Su promedio de edad se encuentra en menos de 30 años. El mayor de ellos, Leopoldo Alejandro o solo Alejandro, como prefiere que lo llamen, a sus 31 años preside Derwick Venezuela, directiva que comparte con Trebbau e Iker Candina, el único mayor de 50 años dentro del grupo.
De acuerdo con el registro de Barbados, el secretario de Derwick es Trident Corporate Services (Barbados) Limited, firma gestora que opera en los paraísos fiscales del Caribe (ver recuadro).
La filial española de Derwick queda en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid. Hasta ese lugar se trasladó la periodista Sandra La Fuente, quien colaboró con este reportaje.
La Fuente cuenta que habló con un hombre con acento venezolano a través del intercomunicador. Ella le preguntó si esa era la sede de Derwick. El sujeto lo negó y afirmó que era su residencia.

Alquilados. En Venezuela, la sede inicial de Derwick era: el edificio La Piramide, piso 2, oficina 202, en Prados del Este, según el expediente mercantil. La oficina está vacía. El propietario del inmueble es Edgard Romero Nava, expresidente de Fedecámaras y padre del directivo de Derwick, Edgar Romero Lazo.
Romero Nava comentó que durante año y medio alquiló la oficina a una empresa norteamericana cuyo nombre no recordó. Señaló que no fue Derwick la arrendataria, así como expuso desconocer que su hijo sea directivo de Derwick, tal como se observa en el registro de Barbados.
A mediados de 2010, funcionarios de la Guardia Nacional visitaron el lugar en búsqueda de los anteriores inquilinos, quienes ya no estaban. Romero Nava lo confirma pero no estaba en el país cuando sucedió.
ÚN conoció que el 29 de abril del año pasado, el presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales Universitarios de Venalum, Manuel Díaz, introdujo en la Fiscalía Superior del estado Bolívar, una solicitud de investigación en contra del exministro Rodolfo Sanz, quien desde el número 212-9777399 envió un facsímil a las compañías compradoras del metal producido por la CVG, solicitando depositar en una cuenta de Gazprom Bank del Líbano, el dinero de la transacción. $500 millones en total.
Díaz apunta en la denuncia que el teléfono del que se envió el facsímil el 4 de septiembre de 2009, pertenecía "a un privado llamado Alejandro Betancourt".
El periodista de El Universal, Joseph Politzuk, siguió la pista al número como parte de una un reportaje que publicó en junio de 2010 sobre el caso Gazprom Bank. Al chequearlo logró dar con la dirección que no fue otra que la misma que aparece registrada como la sede de Derwick al momento del primer registro mercantil.
"Me dijeron que allí era la oficina de Alejandro Betancourt, que era asesor del ministro Sanz", destaca Politzuk.
Para junio del año pasado, los directivos de la empresa ya se habían mudado a la nueva sede, en el PH del edificio Kyra en Campo Alegre, municipio Chacao. En marzo, cinco meses después de lograr su primer contrato, pagaron BsF 4 millones 800 mil ($1.116.279,06), por el inmueble, de acuerdo con el registro inmobiliario.

Relaciones de poder. Pero la nueva sede no oculta otros datos en la historia. El 212-9777399 fue el mismo número que colocó Javier Andrés Alvarado Pardi, hijo del expresidente de la EDC y exviceministro de Desarrollo Eléctrico, cuando exportó un Porshe año 1959 desde República Dominicana hasta EEUU, tal como refleja la página www.importgenius.com.
Javier Andrés también colocó como dirección de contacto, en caso de emergencia, el mismo edificio y piso que la sede inicial de Derwick, donde se realizó la llamada atribuida a Betancourt. Además, en Facebook, Alvarado tiene como amigos a Betancourt, Trebbau y Guzmán, entre otros.
Las coincidencias no paran allí. A Sanz y Derwick no sólo los une el facsímil enviado en septiembre de 2009, desde donde un mes después se constituiría la sede de la empresa en Venezuela. La única planta proyectada por Sidor bajo el mando del exministro y miembro del Estado Mayor Eléctrico (ver nota mañana en El Mundo Economía y Negocios), la instala Derwick desde marzo de 2010, con equipos, según declaraciones de Sanz a la prensa, los vendió Gazprom, la empresa de energía rusa, dueña del banco del Líbano.
Cinco meses antes, en octubre de 2009, cuando Derwick recibe el primero de los 12 contratos, el presidente de la EDC era Alvarado Ochoa, también con residencia en La Lagunita, según la base de datos Maisanta. El mismo funcionario, el 12 de febrero de 2010, obtuvo el nombramiento de viceministro de Desarrollo Eléctrico.
El 15 de febrero de 2010, en el momento que se anunció el blindaje eléctrico de Caracas, Alvarado Ochoa tenía bajo su responsabilidad todas las obras que se requerían para lograr ese objetivo. Todas las termoeléctricas, menos el Complejo Generador Termocentro (a cargo de Duro Felguera) y las dos barcazas con generadores, fueron adjudicadas a Derwick.

DERECHO CONSTITUCIONAL

El artículo 51 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establece el derecho de petición y oportuna respuesta. Su incumplimiento, por parte de los funcionarios públicos, puede generar sanciones como la suspensión de sus funciones, según el articulado. ÚN envió la carta al ministro Alí Rodríguez y a la directora de Comunicación de Corpoelec, Nelly Trujillo. Aún no se ha obtenido respuesta. En el caso de Derwick se buscó conversar con Betancourt, Trebbau y Romero Lazo a través de diferentes vías. Solo Guzmán realizó una llamada telefónica y pidió un cuestionario el 28 de julio que al cierre de esta edición no había sido respondido. Por su parte, Javier Alvarado no aclaró la relación de su hijo Javier Andrés con los muchachos.

El Aban Pearl
La firma que aparece como secretario de Derwick en el registro de Barbados (ver documentos en la web), Trident Corporate cumplió la misma función para Petromarine Energy Services, empresa que alquiló a Pdvsa, el Aban Pearl, semisumegible que luego de sufrir una amenaza de naufragio en agosto de 2009 en Trinidad, se hundió en mayo de 2010 en el Golfo de Paria.

El mal olor de Pdval no salpicó a todos

2011-07-17T10:42:00.000-07:00

El 15 de abril de 2008, un correo electrónico salió por la plataforma de Pdvsa. Iba dirigido a miembros de Bariven en Venezuela y de Pdvsa Services International (PSI) en Houston, EEUU.
Su remitente, Georges Kabboul, expresidente de Bariven, exponía lo siguiente: “Los acuerdos alcanzados en Brasil son muy importantes y debemos actuar de inmediato para la colocación las PO´S (órdenes de compra) y la apertura de las cartas de crédito. No sé que está pasando en Houston. Estas órdenes deben salir ya. Estas órdenes están firmadas por mí. GK”.
El correo electrónico, al que tuvo acceso Últimas Noticias, se refería a la ronda de negocios realizada en la ciudad brasileña de Sao Paulo, en la que habían participado Kabboul y Luis Hernández, director de Bariven en Brasil, a principios de abril de 2008, como parte de las compras internacionales que realizaba la filial de Pdvsa para vender esos productos en la recién creada red de Pdval.
Leche, fórmula láctea, carne, pollo y arroz fueron algunos de los productos que se negociaron en esas reuniones organizadas por Francisco Navararro, –según consta en el intercambio de correos–, representante de la empresa Surimpex, encargada de la adquisición de alimentos e insumos en Brasil y Argentina para ser exportados a Cuba.
Sobreprecios. Alrededor de ese encuentro surgieron las primeras denuncias sobre compra de alimentos con sobreprecio.
En octubre de 2008, la organización Anticorrupción Interpelación Popular Organizada (Aipo), integrada por mujeres identificadas con el chavismo, alertó sobre las negociaciones efectuadas por Kabboul.
Un extrabajador de Bariven cuya identidad se reserva por seguridad, relató a ÚN que en Houston se supo que Kabboul se reunió por separado con intermediarios y productores, y aprobó órdenes de compra por productos que ya estaban siendo licitados desde febrero de 2008.
Al final, destaca la fuente que conoció de cerca el proceso realizado por Bariven, Kabboul dio el visto bueno a órdenes de compra por $300 millones, pese a que, de acuerdo con un memorando firmado por él mismo y que pudo leer ÚN, estaba autorizado a contratar bajo la modalidad de adjudicación directa hasta BsF 25 millones, unos 11,6 millones de dólares según el cambio de la época (BsF 2,15).
Silencio. Con el objeto de conocer la versión de Kabboul sobre las compras realizadas por Bariven bajo su gestión, ÚN escribió a su correo corporativo y respondió que no puede dar declaraciones sin la autorización de la máxima autoridad de la empresa. Además, que las denuncias hechas en su contra carecen de fundamentos y fueron presentadas “por medios de comunicación plenamente identificados como golpistas con intereses políticos y económicos bien definidos”.
ÚN atendiendo la sugerencia del expresidente de Bariven, solicitó la entrevista a la oficina de prensa de Pdvsa, pero no se obtuvo respuesta.
Un platal. Las órdenes de compra aprobadas por Kabboul formaban parte de la emergencia de los alimentos.
La declaración de la emergencia se había efectuado el 30 de octubre de 2007, “dado el nivel de acaparamiento y especulación que existía en el mercado local, afectando severamente la alimentación del Pueblo Venezolano, especialmente en las clases más empobrecidas”, expone la resolución de Pdvsa.
Para efectuar las adquisiciones se designó a Bariven, filial de Pdvsa, dirigida entonces por Georges Kabboul.
Esa división de la industria ha sido la encargada de las compras nacionales e internacionales para mantener la operatividad de las áreas petroleras y ejecución de nuevos proyectos. Para las actividades en el extranjero contaba con personal de procura y compra en Holanda y EEUU, específicamente en Houston.
“En noviembre de 2007 llegó la orden de que debíamos comenzar a comprar comida. Sin tener ninguna experiencia en esos procesos, porque nosotros sabíamos solo de equipos petroleros, tuvimos que llamar a empresas que ni siquiera teníamos registradas. A estas compañías se les pedía ofertas y luego las registrábamos como proveedores, una situación irregular”, narró un extrabajador de PSI.
De noviembre a diciembre de 2007, de acuerdo con los informes internos de Pdvsa, Bariven compró 73 mil toneladas de alimentos en los mercados internacionales, por un monto de $184,8 millones.
Cenbal define. En enero de 2008 asume la presidencia de la nueva filial Luis Pulido, hoy detenido en la sede del Sebin en Naguanagua (Car), junto con el exgerente General, Ronald Flores; y la exgerenta (e) de Operaciones, Mercedes Vileyka Betancourt, imputados por boicot y peculado debido al hallazgo de 1.196 contenedores en Puerto Cabello, con alimentos no aptos para el consumo humano.
Pero antes, en la sucesión de hechos ocurre que el 8 de febrero de 2008, Pdvsa aprobó $2,2 mil millones para llevar el plan de abastecimiento por un periodo de 4 meses.
“Cuando se supo de esos $2,2 mil millones, vinieron cambios desde Caracas”, comenta el exfuncionario de PSI. Desde Bariven comenzaron a tomarse las decisiones acerca de qué y a quién comprar. Pidieron al equipo de Houston abrir procesos de licitación internacional. “Eso fue leído por los mercados como una sobredemanda, lo que incidió en el aumento de precios de los alimentos”, señaló la fuente.
Paralelamente se realiza la primera reunión del directorio del Centro Nacional de Balance de Alimentos (Cenbal), el 13 de febrero de ese año, bajo la dirección del entonces vicepresidente y hoy gobernador (e) de Apure, Ramón Carrizales, según revela la minuta del directorio número 1.
Ese mismo febrero, al directorio de Cenbal, según las minutas a las que tuvo acceso ÚN, se suma la funcionaria cubana Bárbara Castillo, junto a otros responsables
Por sus manos pasaría la coordinación de los procesos del comité creado, incluyendo el diseño de las metas de adquisición de alimentos, como quedó establecido en la reunión del 10 de abril de 2008, en el punto 208, cuando se fija a Bariven y Pdval un plan de importación de 1,7 millones de toneladas para ese año.
El mismo grupo coordinado por Castillo decidió que tanto para Mercal como para Pdval, la meta de distribución debía ser de 150 mil toneladas métricas mensuales para 2008. Además, 700 mil toneladas tendrían que pasar a una reserva estratégica que nunca se conformó, apuntan documentos de Pdval.
Hasta abril. Bajo la dirección de Kabboul, hasta abril de 2008, Bariven había aprobado órdenes de compra por el orden de las 413 mil toneladas, por $851 millones, según un cuadro informativo interno de la filial de Pdvsa.
Hasta diciembre 2008, se colocaron órdenes de compra por 1.069 toneladas. Al revisar las metas, Pulido pidió a Bariven –empresa que pasó a presidir en septiembre de ese año–, anular negociaciones realizadas, por lo que al final se llegó a importar realmente 639 toneladas y no las 1,7 millones pedidas por el Cenbal.
Entre abril y diciembre de 2008 en el seno de Cenbal se había encendido la alerta por la cantidad de contenedores y la incapacidad para comercializarlos debido a la carencia de personal especializado, almacenes frigoríficos, transporte, empaquetadoras y puntos de ventas. También pesaba sobre el proceso, la llegada tardía de los alimentos comprados en el exterior porque no se liberaron las cartas de créditos en el momento indicado.
Además, la emergencia alimentaria había sido decretada para los órganos encargados de la compra y distribución de los alimentos, mientras en los puertos todo seguía los mismos trámites, retardándose la nacionalización de la mercancía.
Por eso fue en septiembre de 2008 cuando se aplicó un plan especial para sacar contenedores por orden del vicepresidente Carrizales, pero a pesar de ello, según la minuta del 14 de noviembre de 2008 del Cenbal, había “3.113 contenedores con 108.657 toneladas de alimentos, de ellas: Corporación La Casa: 17.450 toneladas y Bariven: 91.207 toneladas. Liberadas: 57.778 toneladas”.
En baja. En 2009, se redujo la compra de alimentos y solo se permitió la negociación de los rubros estratégicos.
En el tercer trimestre de ese año, Pdval comenzó a vender los alimentos dañados para el consumo animal. Se donaron 34,5 mil toneladas de leche a Cuba y Dominica. Otras 35 mil toneladas, proveniente de China, contaminadas con melamina –mortal para el humano– estaban en reclamo. También ofertó el producto a Mercal y otros a la Areperas Socialistas. Corrían contra el tiempo y el mal olor.
De acuerdo con la versión oficial el 21 de mayo de 2010, el Sebin atendió una denuncia por el robo de contenedores en Puerto Cabello. Al presentarse en el sitio cuatro días después, se encontraron con los alimentos dañados y el 27 iniciaron formalmente la investigación.
Para esa fecha Pulido, como presidente de Bariven, se encontraba en Europa y Asia negociando la adquisición de plantas eléctricas para atender la emergencia decretada en febrero.
El 2 de junio, tal como lo dijo el Presidente en un mensaje televisado, el expresidente de Pdval se entregó al Sebin. Dos días después fueron capturados Ronald Flores y Mercedes Vileyka Betancourt. Desde entonces han pasado un año y dos meses siendo los únicos salpicados por el mal olor de los alimentos podridos. n

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Peculado y boicot
Desde la sede del Sebin en Naguanagua (Car), Pulido, Flores y Betancourt son traídos a Caracas cada vez que un juez los convoca, como ocurrirá este lunes cuando serán traslados al Tribunal 30 de Juicio, la nueva instancia que conocerá del proceso que se les sigue por los 1.196 contenedores con comida podrida hallados en Puerto Cabello.
Peculado y boicot son las imputaciones que pesan sobre los tres. Sus abogados defensores, Beltrán Haddad y Luis Manuel Valdivieso, han solicitado a los jueces y a la fiscalía la eliminación de una de las dos acusaciones, basándose en que no se puede imputar un delito culposo como el peculado, y otro doloso, como el boicot, si la consecuencia es un solo hecho: la pérdida de alimentos.
La última jueza que escuchó la solicitud de la defensa fue Majorie Marggiolo, del Tribunal 29 de Juicio. El pasado 13 de junio, decidió que el delito de boicot debía ser eliminado. Tras escuchar el pronunciamiento, Valdivieso y Haddad anunciaron que los imputados se declararían culpables, por lo que solo debían esperar la sentencia por peculado.
En ese momento la fiscal Sexta con Competencia Nacional, María Alejandra Pérez, –acompañada en la causa por Éngel José Ordaz, su auxiliar–, saltó de su silla y señaló a Marggiolo de favorecer a los imputados. De inmediato recusó a la jueza, quien 30 minutos después aceptó la acción del Ministerio Público. Entonces el proceso se detuvo a la espera de la decisión de la Corte de Apelación.
El caso cayó, gracias al sistema aleatorio, en la Sala 8 de la Corte de Apelación, que es la misma donde ha sido enviada la apelación de la exjueza María Lourdes Afiuni, y el exsecretario de Seguridad Ciudadana del Zulia, José Sánchez Mazuco, entre otros procesos. La Corte aceptó la recusación hecha por la Fiscalía, y en un nuevo sorteo el expediente pasó al Tribunal 30 de Juicio, donde serán presentados los imputados mañana lunes. Todavía se espera qué ocurrirá con la apelación que hizo la fiscalía sobre la eliminación de la imputación del boicot. Pero en la celda donde se encuentran Pulido, Flores y Betancourt los días y las noches no se detienen.
“En algunos momentos ha dado todo por perdido”, resalta una persona cercana al detenido al referise al ánimo de Pulido. Flores, el integrante de la Gerencia de Protección, Control y Pérdida (PCP) de Pdvsa, ha aportado todo lo que sabe para tratar de defenderse.
Mercedes Betancourt, que, antes de ser detenida, pegaba propaganda del chavismo en Miranda, arengaba a los grupos y organizaba la distribución de gas en el municipio Sucre, ha pedido a los jueces y fiscales que le expliquen la razón de la acusación en su contra, porque ella nunca estuvo en Puerto Cabello. Además, el expresidente de Pdval se ha quejado a través de documentos públicos de que el Gobierno no supo defenderse ante los ataques de la oposición. “¿Será que después que nos arrinconaron no supimos salir del rincón?”, señala Pulido, quien aún se dice partidario del presidente Hugo Chávez Frías.
Sus abogados han manifestado públicamente, que de continuar el juicio y verse obligado a declarar ante el tribunal, Pulido deberá contar su versión de los hechos para defenderse, sustentándose en las pruebas que posee.

Se le vio la costura a la mafia de la cabilla

2011-06-27T15:06:00.000-07:00

Por César Batiz

El 10 de junio detuvieron en Puerto Ordaz al gerente de Comercialización de Sidor, Luis Salvador Velásquez Rosas, señalado como líder de la mafia de la cabilla, responsable de la escasez y encarecimiento de este producto manufacturado por Sidor.

Velásquez Rosas no solo era gerente de Sidor, sino también el responsable de Ferresidor, presidente de las juntas interventoras de Orinoco Iron, Matesi y Cemex, así como directivo de los equipos Gigantes y Mineros de Guayana.

Por si fuera poco, el hoy detenido en la sede de la Dirección Inteligencia Militar, fue el responsable de la contratación de propaganda por el Partido Socialista Unido de Venezuela, durante la campaña electoral por la Asamblea Nacional.

El gobernador Francisco Rangel Gómez no niega que sea su amigo y miembro del partido, pese a todos los señalamientos que contra de Velásquez Rosas se habrían hecho desde el año 2008.

Lean más:

Se le vio la costura a la mafia de la cabilla

Se le vio la costura a la mafia de la cabilla (II)

Sistema eléctrico no sale de una crisis

2011-06-27T14:40:00.000-07:00

Por César Batiz

Desde el año 2001, el sistema eléctrico venezolano sufre una crisis en la cual han incidido diversos factores, desde los problemas climatológicos hasta la indisponibilidad de la generación termoeléctrica por el rezago en las obras o falta de mantenimiento.

El domingo 19 publicamos en Últimas Noticias un reportaje de dos páginas donde hacemos un recuento de las diferentes etapas de la crisis. Además, relatamos lo que ocurrió en el Zulia durante ese apagón de más de 24 horas, situación que tal vez no hubiera ocurrido si funcionaran las plantas Tamare y Bachaquero que ofreció construir Corpoelec en el Zulia, o si la barcaza por la cual Pdvsa pagó 140 millones de dólares, estuviera activa y no arrumada en un muelle en Bachaquero.

Lean más información:

Sistema eléctrico no sale de una crisis

Sistema eléctrico no sale de una crisisSistema eléctrico no sale de una crisis (II)

De obrero a ejecutivo

2011-06-27T14:03:00.000-07:00

Por César Batiz

El presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Wills Rangel, es desde el mes pasado miembro de la directiva de Pdvsa.

Este hombre egresado del Colegio Universitario de Cabimas, barinés de nacimiento, asegura que no se burocratizará en el cargo.

Si quieren saber más de este líder sindical, quien en algún momento compartió luchas laborales con Carlos Ortega, expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, hoy exiliado en Perú, lean este perfil publicado en el diario El Mundo Economía y Negocios.

De obrero a ejecutivo

Reforman estatutos de fondos de Pdvsa y sale Carruyo

2011-06-10T10:02:00.000-07:00

Por C. Batiz

El presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Wills Rangel, aseguró que una de las primeras propuestas que impulsará como director externo de Pdvsa será la reforma de los estatutos de los fondos de pensiones y cajas de ahorro dePdvsa, para que los jubilados y trabajadores puedan participar en la administración de los recursos.

Rangel, quien como director externo no obtendrá un salario igual al de los miembros de la nómina ejecutiva de la estatal petrolera, fue uno de los primeros en confirmar que MK Capital, perteneciente a Francisco Illaramendi, manejó recursos de los fondos de pensiones y caja de ahorro de Pdvsa, los cuales se emplearon para montar una estafa bajo el esquema Ponzi.

Uno de los directivos de Pdvsa que salió tras los cambios efectuados el 25 de abril, fue el máximo responsable de las finanzas de la industria petrolera, Eudomario Carruyo. Hasta la fecha Carruyo continúa como presidente de la junta administradora de los fondos; sin embargo, Rangel afirma que muy pronto también dejará ese cargo.

Por otra parte, anunció que ya se nombró la comisión que presentará el anteproyecto de contrato colectivo petrolero, pues el vigente se vence el último de octubre de este año, aunque apenas hace un mes fue homologado.

Publicado el jueves 9 de junio en El Mundo.

Jubilados petroleros le enviaron carta a Pdvsa

2011-06-01T12:40:00.000-07:00

Por César Batiz

La Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (Ajip), envió el miércoles 25 una carta a Eudomario Carruyo, hasta entonces director de Finanzas de Pdvsa y quien preside la junta administradora del Fondo de Pensiones de Pdvsa, rechanzando la propuesta de cubrir el dinero extraído por la estafa de Francisco Illaramendi, con las ganancias generadas por el fondo durante 2010.
Los jubilados recordaron a Pdvsa la responsabilidad que tiene la junta directiva de la industria de velar por la salud financiera del fondo.
Carruyo propuso el 10 de mayo emplear más BsF 1.600 millones para cubrir los $382 millones que Illaramendi afectó con su estafa. Desde 2009, este banquero manejó recursos de los ahorros de los jubilados sin autorización de la asociación. Señalan a un exfuncionario de Pdvsa, Juan Montes, de presuntamente haberle entregado el dinero.

Publicado en www.ultimasnoticias.com.ve el 26

Caso Illaramendi: Proponen cubrir perdida por estafa con dinero de jubilados de Pdvsa

2011-05-25T06:55:00.000-07:00

César Batiz

cbatiz@cadena-capriles.com

El presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (Ajip), César Delgado, confirmó a Últimas Noticias que el director de Finanzas de Pdvsa, Eudomario Carruyo, les propuso resarcir la pérdida ocasionada por la estafa de Francisco Illaramendi al Fondo de Pensiones de los Jubilados de Pdvsa, con parte de las ganancias netas generadas por el mismo fondo.
Delgado aclaró que la propuesta surgió el 10 de mayo en la cuarta reunión entre la directiva de la asociación y Carruyo, quien además preside las asociaciones civiles que administran los fondos de pensiones de los 23 mil 888 jubilados y de previsión de los más de 90 mil trabajadores activos.
De acuerdo con la información suministrada por fuentes de la Ajip-Zulia, el año pasado el fondo de pensiones generó una ganancia neta de BsF 1.845 millones. De ese resultado, se tomarían 1.630 millones para cubrir los $382 millones que perdió el fondo en la estafa bajo el esquema Ponzi que armó Illaramendi, banquero venezolano-norteamericano y exasesor de PDV-USA, quien administró recursos a través de su firma Michael Kenwood Capital, con sede en Connecticut, EEUU.
En enero de este año, Illaramendi fue demandado por la Securitties and Exchange Comissions debido al desvío de $50 millones de los fondos que administraba a través de MK Capital. En abril, el banquero confesó haber empleado el esquema Ponzi –pirámide- al captar nuevos inversionistas para resarcir a los más antiguos.
En medio de toda la operación falsificó balances y otros documentos. Dos venezolanos se encuentran detenidos en EEUU por colaborar con la estafa. La semana pasada se supo que la Fiscalía amplió el caso a la firma Highview Partners, debido a que ayudó en la trampa.
Para el fondo de pensiones la estafa implicó la pérdida de $382 millones, mientras que el fondo de previsión de los trabajadores sufrió el extravió de $71 millones.
Desde la semana pasada los representantes de los jubilados esperan la realización de una quinta reunión con el director de Finanzas de Pdvsa y otros representantes de la estatal petrolera, pero hasta la tarde de ayer no se había efectuado el encuentro.
Fuentes de Ajip-Zulia aseguran que de concretarse unilateralmente la propuesta de Carruyo de tomar parte de las ganancias para resarcir las pérdidas, inciarán una serie de protesta en los portones de la industria petrolera, hasta lograr el ajuste de las pensiones y el pago de un bono único de acuerdo con los resultados del año 2010.
ÚN solicitó una versión a la oficina de comunicación de Pdvsa a través de un correo electrónico, pero no se obtuvo respuesta.

Publicado el miércoles 25 en www.ultimasnoticias.com.ve

Moris Beracha: El empresario de los vínculos peligrosos

2011-05-20T12:31:00.000-07:00

Por César Batiz

El 3 de abril un rumor corrió por la red y algunos medios digitales venezolanos. El empresario judío-venezolano, con nacionalidad estadounidense, Moris Beracha había sido detenido en Miami por el FBI.

La razón. Supuestos vínculos con el banquero venezolano y asesor de PDV-USA, Francisco Illaramendi, propietario de las firmas de inversión MK Capital y Highview Point Patners, las cuales fueron utilizadas en un esquema Ponzi para apropiarse de dinero de los inversionistas, entre ellos de recursos del fondo de pensiones de jubilados y trabajadores de Pdvsa.

Mientras en la red volaba la información al ritmo de la metralla de las teclas, Beracha se encontraba en Nueva York, según informó el empresario horas después de la publicación de los primeros tweets. El 4 de abril confirmaría al periodista estadounidense Steven Bondzi ( ver http://settysoutham.wordpress.com) que jamás había tenido ningún contacto con el FBI o la Securitties and Exchange Comission (SEC), además aclaró que su única relación con Illaramendi era profesional.

Coincidencias

Una fuente muy cercana al empresario, quien prefirió mantener oculta su identidad, comentó que Beracha nunca fue amigo de Illaramendi, aunque ambos son asesores financieros y con muchos contactos con miembros del Ejecutivo nacional.

Como todos los banqueros y asesores financieros venezolanos, Beracha, fundador de las firmas de inversión Westfalia Investments y Fractal Fund Management Group, así como presidente de la compañía de telecomunicaciones Celistics Holdings Group, sabía que Illaramendi era el dueño de Michael Kenwood Group y que manejaba fondos de inversión de alta rentabilidad que operaban con papeles venezolanos.

"Beracha, junto a su socio Luis Otero, realizaron una negociación con un producto específico manejado por Illaramendi. Adquirieron papeles del Credit Suiss respaldados por notas estructuradas venezolanas, las cuales Illaramendi había comprado a bajo precio a la banca de Venezuela", dijo la fuente.

Hasta enero de este año Illaramendi había pagado a tiempo a Beracha.

El 14 de ese mes salió publicada la información de la investigación de la SEC a Michael Keenwood Group por el desvío de $50 millones de dos de los fondos.

A principios de marzo, cuando se conoció que Illaramendi había montado un esquema Ponzi y que buena parte de los documentos que presentaba eran falsos, perdieron todo el contacto", señaló el informante.

Tras lo ocurrido, el empresario de origen judio de 51 años, cuyo padre fundó la empresa Cartones del Caribe, inició gestiones para demandar a Illaramendi.

Pero ese 3 de abril no fue la primera vez en que Moris Beracha se vio involucrado en denuncias por sus amistades y operaciones financieras. En noviembre de 2009, en plena minicrisis bancaria, el diputado de Podemos, Ismael García, lo acusó por su participación junto al exministro de Finanzas y hoy gobernador de Aragua, Rafael Isea, en la colocación a dedo de las notas estructuradas.

El empresario, exyerno de José María Nogueroles, presidente del Banco Nacional de Crédito, no oculta a nadie su papel como asesor de Isea durante 2007 y 2008, como tampoco teme en decir que gracias a esa operacion, en 2007 el precio del dólar paralelo bajó de BsF 5,5 a 3,5 aproximadamente.

Actualmente, Beracha sigue en Nueva York. Desde allí opera su negocio de telecomunicaciones que le ha permitido dividendos de mil millones al año. Quienes lo conocen, dicen que prefiere mantener bajo perfil.

Otro examigo

En los noventa, Beracha fue socio de Guillermo Clamens en la firma Wesftalia, relación que no terminó en los mejores términos. En 2009, Clamens fue acusado en EEUU de apropiarse de $200 millones de dólares de Citgo utilizando el esquema Ponzi.

Publicado este viernes 20 de mayo en El Mundo Economía y Negocios

El puente "roto"

2011-05-19T12:02:00.000-07:00

Por César Batiz

El 10 de agosto del año pasado, cuando los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos aseguraron al mundo que eran “los nuevos mejores amigos”, José Fernando Bautista apareció en la escena binacional como embajador de Colombia en Venezuela.
Atrás quedaban sus aspiraciones de ser ministro de Interior, superintendente de Servicios Públicos o consejero político del Presidente, función que de algún modo había cumplido como jefe de logística de la campaña del actual mandatario colombiano, al punto de que políticos y medios colombianos atribuyen a su influencia,
la designación de Angelino Garzón, su suegro, como fórmula de Santos a la vicepresidencia. Abogado, diplomático, exministro de Comunicación y también de Comercio Exterior, fue además un asesor empresarial, acostumbrado a tender puentes entre sectores irreconciliables en la política. También a cabildear a favor de compañías telefónicas y constructoras. Es conocedor del territorio venezolano y de las relaciones comerciales binacionales, e hizo una tesis de maestría sobre el tema.
Lucía como la persona indicada para asumir la embajada. La petición hecha personalmente a Santos por el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Carlos Alberto Zuluaga- quien argumentó que había muchas diferencias que resolver primero entre los partidos que apoyan al actual gobierno- no impidió que Bautista fuera enviado a reabrir la embajada en Caracas, cerrada desde el 21 de julio de 2010.

Hombre de frontera.

Cuando los mandatarios venezolanos se reunieron en Santa Marta, habían pasado dos semanas de la ruptura formal de las relaciones entre Venezuela y Colombia. El 21 de julio de 2010, Chávez decidió que los representantes diplomáticos colombianos debían salir del país, como consecuencia de las denuncias presentadas ese día por el gobierno del presidente saliente, Álvaro Uribe, en contra de Venezuela por brindar supuesta protección a las Farc.

Para esa fecha, ya se acumulaban tres años de malas relaciones entre Uribe y Chávez, con una diplomacia de micrófono cargada de insultos que generó desde el anuncio de movimientos de tanques venezolanos a la frontera hasta la caída a menos de $2 mil millones del intercambio comercial en 2010, luego de haber llegado a más de $7 mil millones en 2008. Entre Cúcuta y Ureña se sintió el golpe de las palabras y de las decisiones de ambos mandatarios.

El puente de 210 metros de largo sobre el río Táchira, el Francisco de Paula Santander, que une a las dos poblaciones, no era suficiente para reanimar el comercio binacional. Fue allí en el Norte de Santander, entre el ir y venir de ciudadanos sin fronteras, donde creció y se formó Bautista, nieto de José María Bautista, quien llegó a ser cónsul en Venezuela durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en la década del 50.

En septiembre de 2010, arribó a Venezuela siguiendo los pasos del abuelo y a cumplir la misión de mejorar las relaciones entre ambos países.

Un periodista que tuvo la oportunidad de conocerlo de cerca, asegura que Bautista es una persona pragmática, centrada en sus objetivos, que conoce casi todo el territorio nacional y que nunca, ni siquiera entre amigos, tuvo críticas contra el gobierno venezolano. “Incluso le parecía que Nicolás Maduro era un buen canciller”, afirmó la fuente.

Para mejorar las relaciones comerciales, una de sus principales tareas era lograr que Venezuela reconociera y cancelara la deuda con las empresas colombianas. En abril de este año, el embajador realizó una presentación a los miembros de la Cámara Venezolana

Colombiana (Cavecol), en la cual destacó que se había logrado el reconocimiento de $822 millones por parte de Cadivi, y que quedaban pendientes $444 millones.

Señaló los acuerdos alcanzados entre gobierno venezolano y compañías colombianas, así como planes de infraestructura, económicos, sociales, educativos y culturales en desarrollo.

Apenas el viernes pasado, el embajador visitó al presidente de la AN, Fernando Soto Rojas, a quien propuso retomar las reuniones de una comisión parlamentaria binacional. También anunció que dialogaría con los diputados de gobierno y oposición.

El lunes de esta semana, todo se detuvo. La figura del embajador Bautista cayó como un puente que se derrumba en medio de un fuerte temblor. Pero esta vez el movimiento telúrico tuvo su origen en las denuncias que lo involucran en hechos de corrupción que tienen su epicentro en Bogotá. El caso del Grupo Nule o el Carrusel de las Contrataciones.

El periodista de El Tiempo de Bogotá, Yesid Lancheros, quien ha investigado el caso del Grupo Nule, comentó a Emen que el mismo Bautista explicó en un comunicado de prensa, que facilitó una relación comercial entre dos compañías privadas, entre ellas una firma del Grupo Nule, cuando no era diplomático.

Según informaciones publicadas por la prensa colombiana, en 2009 Bautista envió correos electrónicos a los directivos del Grupo Nule para solicitar el pago de un dinero que se le adeudaba aun abogado amigo que habría participado en la negociación de un contrato.

El lunes el presidente Santos aceptó la renuncia de su amigo y el martes nombró a Ricardo Montenegro, anterior encargado de negocios de la embajada, como nuevo embajador. A rey muerto, rey puesto y a puente caído…

Publicado este jueves 19 de mayo en El Mundo Economía y Negocios

A la trampa de Illaramendi le salieron nuevos socios

2011-05-17T12:35:00.000-07:00

César Batiz

cbatiz@cadena-capriles.com

El ente que regula y supervisa las operaciones de la banca y fondos de inversión en EEUU (Securities and Exchange Comission, SEC) presentó el 6 de mayo una modificación de su demanda contra el asesor financiero venezolano-estadounidense, Francisco Illaramendi, al agregar a la denuncia a la firma Highview Point Partners.

De acuerdo con una nota de prensa difundida ayer, la SEC dijo que “Highview -con sede en Connecticut- fue agregada como acusada en el caso, porque estaba en posesión de los fondos obtenidos mediante un esquema Ponzi”.

Highview fue constituida en 2005 por Illaramendi, el costarricense Frank López y el norteamericano Chris Luth, todos excompañeros de trabajo en Credit Suisse.

Hace dos años, en entrevista con la periodista costarricense Vanessa Barahona, López contó que trabajó con Illaramendi durante 12 años.

Siendo compañeros en el Credit Suisse, López y el venezolano participaron en la visita que varios asesores financieros le realizaron al presidente Hugo Chávez, cuando viajó por primera vez a Nueva York, en junio del 2000.

En el documento hecho público ayer por la SEC, no se menciona directamente a López ni al otro socio, aunque sí hacen acotación a la existencia de los otros dueños. Incluso, en un apartado del escrito, se señala que se entrevistó a uno de los propietarios quien se acogió a la Quinta Enmienda, por lo cual nadie está obligado a contestar sobre un delito, al menos que un gran jurado lo denuncie o acuse.

La movida.

De acuerdo con partes de la ampliación de la denuncia de la SEC, Illaramendi usó las firmas Michael Kenwood Capital, constituida en 2006, y Highview Point (2005) en el esquema Ponzi que usó para apoderarse del dinero de los inversionistas, entre ellos los del fondo de pensiones de Pdvsa.

A través de movimientos entre MK Capital y Highview Point y las firmas subsidiarias de ambas, Illaramendi sacaba dinero de los inversionistas para uso personal, pagar a otros inversionistas en el extranjero y cancelar deudas que se generaban en medio del esquema Ponzi.

Para tapar los huecos contables, falsificaba documentos que demostraban supuestas inversiones en uno y otro fondo.

Como parte de la trampa, dice el documento de la SEC, a partir de julio de 2010, Illaramendi y MK_Capital trataron de compensar los recursos faltantes en MK Venezuela -un fondo de inversión- usando activos proveniente del fondo de pensiones (de Pdvsa); y “ luego utilizando activos del Short Term Liquidity Fund para pagar a los inversionistas de los fondos de pensiones”, apunta.

Durante 2009, Illaramendi se apropió de $5 millones de Highview Point para comprar un avión y en 2010 sacó $169 millones del fondo que tapó con falsas inversiones.

Informe

El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Héctor Navarro (Psuv), informó que ayer entregó a los integrantes de la comisión el informe de Pdvsa sobre el caso Illaramendi.

Sin embargo, el diputado Andrés Velásquez (LCR), desmintió a su colega, porque hasta ayer en la tarde no había recibido el documento.

Publicado este martes 17 en El Mundo Economía y Negocios

En el Central Santa Clara llueven las denuncias

2011-05-15T07:10:00.000-07:00

El 10 y 11 de abril de este año, el Central Santa Clara, ubicado en el municipio Veroes del estado Yaracuy, molió las primeras y únicas 50 mil toneladas de la zafra 2011. Los camiones cargados desfilaron hasta ingresar a las instalaciones del central, mientras otras 350 mil toneladas cultivadas por más de mil cañicultores se quedaban en el campo, sobre el cual muy pronto caerían las primeras lluvias.
A finales del año pasado, la junta administradora temporal del Central Santa Clara, liderada desde el 8 de junio de 2010 -fecha en la cual el Gobierno concretó la adquisición forzosa- por Julio Moreno y la directora de Indepabis en Yaracuy, Yolimar Venegas, anunció que el corte y molienda de la caña comenzaría el 10 de enero de 2011.
Luego, debido a retardos en las reparaciones, la fecha se prorrogó para el 10 de marzo. Finalmente, con 85% de operatividad según reveló un técnico, la zafra se inició el 10 de abril, pero el mal tiempo se encargó de aguar la fiesta.

En Fiscalía. Antes de que llegaran los aguaceros, las denuncias de corrupción e irregularidades administrativas habían llovido persistentemente sobre el Central Santa Clara y su directiva, en medio de disputas entre líderes del sindicato del ingenio y los directivos de la Federación Bolivariana de Trabajadores del Azúcar, que se dividen el apoyo de los trabajadores y los jefes.
Hasta ahora la única denuncia formalizada ante los organismos regulares es la del diputado del Consejo Legislativo de Yaracuy, Francisco Ferrer (UNT), quien el 22 de marzo la presentó ante la Fiscalía General de la República.
El legislador narra hechos como la compra con sobreprecio de unas tuberías para las calderas de Santa Clara, en cuya cotización participaron, y la venta como chatarra, por parte del central, de un generador eléctrico usado.Hace dos semanas, el diputado regional fue citado a la Fiscalía Anticorrupción 14 de Yaracuy, donde le solicitaron más información sobre los hechos.
El también legislador del Consejo Legislativo de Yaracuy (Cley), Henry Mogollón (Psuv), quien trabajó en el central y hoy preside la comisión especial que investiga las denuncias, afirma que todos los señalamientos "forman parte de una campaña para dejar mal parada la gestión del gobierno revolucionario al frente de los centrales azucareros".
Mogollón afirma que Ferrer yerra al analizar las negociaciones hechas por el central como si fuese una empresa del Estado, ya que aún el ingenio permanece en una situación de adquisición forzosa debido a que la Procuraduría General de la República no ha hecho el avalúo para determinar cuánto valen las instalaciones y pagarle a los antiguos dueños, el Grupo Truman, que lo compró al Estado en 1992.
ÚN trató de conocer la versión del Ministerio de Agricultura y Tierras a través de una llamada al Departamento de Prensa de la institución, pero no hubo respuesta a la solicitud de entrevista. Por su parte, el gerente del central, Julio Moreno, manifestó en llamada telefónica que debía pedir permiso antes de hablar para aclarar todo, pero al cierre de esta edición aún no se había comunicado.

Esos tubos. Las primeras denuncias de irregularidades en el Central Santa Clara no las efectuó Ferrer. Vinieron de los miembros de la Federación Bolivariana de Trabajadores del Azúcar, quienes levantaron un acta en el Ministerio de Alimentación a principio de febrero de este año, señalando los retardos en los trabajos de reparación y compras irregulares.
El 21 de marzo, el legislador Ferrer solicitó a la Fiscalía investigar las cotizaciones de seis empresas, realizadas entre agosto y noviembre.
Dice el diputado que cotizaron Montajes Torres, Dihetein, Distribuidora Parinny, Industrias Sanvas, Distribuidora Pacse y Simex Simioni Importadora y Exportadora Ltda. Las cinco primeras son venezolanas y la última brasileña. Todas las locales presentaron sus ofertas por 2 mil 200 tuberías. La extranjera por 2.000.

¿Quién ganó? Ferrer, en la denuncia, indica que la cotización la ganó Parinny con un precio de BsF 8 millones 397 mil, pese a que la empresa brasileña se postuló con BsF 2 millones 821 mil (un millón 85 mil al cambio oficial del momento, BsF 2,60).
Para completar las irregularidades denunciadas, el diputado regional de UNT destaca que cuatro de las empresas se encuentran relacionadas con la familia Sandoval, de acuerdo con la información que se observa en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
ÚN realizó la búsqueda para verificar en el RNC, hallando que sí se repiten los apellidos Sandoval, Maldonado y Noriega en las cuatro compañías cotizantes. Además, al menos dos, Sanvas y Dihetein, tienen sede en el mismo edificio de Yaritagua (Yar); y se repite uno de los socios, Héctor Sandoval Maldonado.
ÚN también habló con Yonny Yoel Chiquillo, quien aparece como gerente general de Parinny. "No tengo nada que ver con esa empresa desde julio de 2010 cuando se la vendí al señor Héctor Sandoval Maldonado", dijo Chiquillo.
Sandoval Maldonado desmintió cada una de las acusaciones en contra de su familia y su persona (ver nota a la derecha). Ciertamente, en el RCN no aparece su nombre como socio de Parinny, pero sí su hermana Martha Sandoval Maldonado y una de sus hijas.
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 71 de la Ley de Contrataciones Públicas, una de las causales de rechazo de las ofertas es: "Que sean presentadas por personas distintas, si se comprueba la participación de cualquiera de ellas o de sus socios, directivos o gerentes en la integración o dirección de otro oferente en la contratación".
Adicionalmente, el artículo 70 de la Ley contra la Corrupción, señala que el funcionario que "se concierte con los interesados o intermediarios para que se produzca determinado resultado... será penado con prisión de dos (2) a cinco (5) años".

Óptica errada. Henry Mogollón enfatiza el error de Ferrer al analizar la compra bajo los esquemas de una empresa del Estado.
Al respecto, un abogado consultado para este reportaje, experto en salvaguarda del patrimonio público, aclaró que el artículo 4 de la Ley contra la Corrupción establece que cualquier organización que administre fondos públicos, tiene responsabilidad legal y debe velar por el buen uso de ellos.
El legislador del Psuv, quien tuvo acceso a la información que le entregó la directiva del Central Santa Clara, aclaró que la empresa favorecida en la cotización fue Sanvas (no Parinny, como dijo Ferrer), debido a que ofrecieron entregar los tubos en menor tiempo. No recordó el monto final y ofreció a ÚN el informe que presentará en plenaria el viernes 20 de este mes.
Copias de las cotizaciones a las cuales tuvo acceso ÚN reflejan que Sanvas concursó con una propuesta de costo de BsF 10 millones 70 mil por los 2.200 tubos. Adicionalmente, las piezas, que se necesitaban para poder inicial la zafra en enero de este año, comenzaron a llegar en febrero, reveló un trabajador del ingenio.
Por otra parte, una fuente de la alta gerencia de CVA-Azúcar afirma que los brasileños ofrecieron entregar los tubos en diciembre del año pasado, con lo cual se hubieran efectuado las reparaciones a tiempo.

Caña vieja. Que la caña de azúcar se quede en los campos de Yaracuy, no es la primera vez que ocurre. "Hay gente que desde hace siete o cinco años que no arrima al central. Yo tengo dos años", dice Nairoby Rivero, quien junto a cuatro personas maneja una unidad de producción en San Felipe con 45 hectáreas.
Una de las razones que esgrimían los productores, según las notas de prensa, para solicitar que el Grupo Truman -antiguos dueños- dejara el ingenio que adquirió en 1992, era que se dedicaba a procesar el azúcar moscabada importada y no a moler la caña que ellos cosechaban.
Nairoby recuerda muy bien esa situación, por eso se angustia al ver que en manos del Estado sólo se molieron 50 mil toneladas este año debido al retardo en las reparaciones y a las lluvias.
Nairoby espera respuestas: "Estamos viviendo del aire", afirma, mientras el aguacero se asoma por el horizonte de su cañaveral.

Publicado el 15 de mayo de 2011 en Últimas Noticias

Petare llegó a París

2011-04-24T12:41:00.000-07:00

César Batiz/cbatiz@cadena-capriles.com/Twitter: @Cbatiz

Vea el video con el relato del coautor del proyecto

La noche del 17 de junio de 2010, Petare, el sector de Caracas con más de 600 mil habitantes y que ostenta el título del barrio más grande en América Latina, llegó a París, al auditorio de la Ecole Spéciale d’Architecture (Escuela Especial de Arquitectura), entre las líneas y los trazos de un proyecto arquitectónico.

En la Noche Especial, que es el nombre que recibe el evento donde se muestran los mejores proyectos de los graduandos de esa institución, dos jóvenes arquitectos, Hugo Chauwin, francés; y César Silva, venezolano, presentaron una propuesta de integración socio-espacial de los barrios El Carmen, El Cerrito, La Unión y El Carpintero, entre otros que se encuentran en la franja de 4,05 km² de Petare Sur.

La forma innovadora como abordaron los problemas de movilidad de los pobladores de la zona y el equipamiento público del sector, impactó al jurado internacional que premió al trabajo titulado Ciudad Evolutiva, Experiencia de integración socio-espacial de los barrios informales, como el mejor proyecto de tesis del año 2009.

Desde entonces, Chauwin y Silva han recibido reconocimientos de otras instituciones y su proyecto ha sido difundidos en medios especializados de Francia y otros países de Europa como Architerctural Review y Beaux-Arts Magazine.

Casi 10 meses después de haber obtenido el reconocimiento del jurado, en Venezuela solo un círculo muy reducido de arquitectos conoce esta idea que se basa, en una explicación resumida, en la instalación de una plataforma de concreto armado de 500 metros en la orilla del río Guaire, con brazos conectados a la salida de las vías principales de los barrios y con módulos de servicios para escuela, biblioteca, anfiteatro, mercado y centro comunitario. El costo de la construcción de más de 9 mil m², lo estimaron los autores en $14,9 millones, cerca de Bs 60 millones.

En esta iniciativa, los vecinos son partícipes y protagonistas tanto en la decisión del uso de los espacios, como en la autoconstrucción.

Ciudad informal.

Silva, nacido en Maracaibo y residenciado en París desde hace cinco años, señala que su compañero y él se enfocaron en Venezuela por ser el país más urbanizado de América Latina; con su capital, Caracas, con 30% a 50% de su extensión territorial ocupada por barrios.

Chauwin, el coautor de la tesis, manifiesta que desde que inició sus estudios ha estado “fascinado por los barrios, por la manera en que se forman estos fragmentos de ciudades de manera informal a través de la autoconstrucción. “Al ser una de las ciudades con más tejido informal de Latinoamérica, Caracas fue una oportunidad de confrontarme por primera vez a esta realidad, y poder activamente estudiarla y trabajar en un contexto informal”.

Para Silva, la capital de su país “es el mejor ejemplo de la ciudad barrio”. Afirma también que la evolución urbanística del mundo actual se parece más a Caracas, con la informalidad de las construcciones, que a Nueva York.

El porqué de Petare también contiene una respuesta lógica: es el barrio más grande de América Latina, según algunos teóricos, aunque otros ubican en ese lugar del ranking a Rocinha, zona de Río de Janeiro, Brasil.

Chauwin y Silva, quienes realizaron el trabajo de campo durante tres semanas en abril e igual cantidad en septiembre de 2008, reconocieron en Petare los problemas y el dinamismo complejo y creativo que caracteriza a los barrios en toda América Latina.

En esa zona del municipio Sucre, identificaron además características de la ciudad informal, como la falta de planificación, la autoconstrucción en terrenos invadidos, la ausencia de servicios públicos y la falta de atención por parte del Estado.

Laboratorio. Alfredo Brillembourg y Hubert Klumpner, arquitectos del Metro Cable de San Agustín y el Gimnasio Vertical de Chacao, colaboraron con Chauwin y Silva desde su oficina del Urban Think Tank, una empresa dedicada a repensar los espacios de las ciudades informales y en especial de Caracas.

En la bibliografía de Brillembourg y Klumpner, Caracas es el mejor laboratorio de las ciudades informarles del siglo XXI en América Latina, pues pese a las características comunes con otros centros urbanos, “es una de las únicas en encarnar una colisión tan violenta entre el desarrollo y el tercer mundo”.

Acupuntura urbana.

Para Silva y Chauwin atrás quedó la época en la cual una intervención urbana se dedicaba a destruir lo existente y levantar edificios en las comunidades populares.

“Lo que nosotros proponemos es la acupuntura urbana, que hace referencia al potencial reparador de proyectos pilotos, de construcción rápida, que solucionan puntos estratégicos, no solo geográficos, como los temas de falta de transporte o equipamiento público para la salud o la educación”, destaca el arquitecto zuliano.

De esa forma la plataforma o pasarela que plantean instalar los tesistas a orilla del Guaire -se construirían caminerías inundables y que sean fáciles de limpiar- zigzaguería con sus 500 metros desde lo alto del cerro, conectada a las vías principales de los barrios, sustituyendo así a las escaleras y callejones de difícil acceso. Los usuarios de cada uno de los sectores de Petare Sur desembocarían en el puente de Baloa, donde realizarían la interconexión al Metro, al transporte público y al centro histórico de Petare.

Pero no serían únicamente 500 metros de concreto armado, sino que también en esa plataforma se instalarían módulos de servicios y equipamientos de impulso. “Se trataría de estructuras vacías, con techos y bases sólidas, conectadas a los servicios públicos, donde la misma comunidad indicaría el uso y realizaría la autoconstrucción”, resalta Silva, antes de aclarar que esta filosofía apunta al reconocimiento de quienes viven en las ciudades informales y no a una ideología política.

Este proyecto aún no ha sido presentado a ninguna autoridad venezolana, pero Silva está dispuesto a atender cualquier llamado, convencido de que esta tesis, reconocida en París, está inspirada en el lenguaje de sobrevivencia del barrio, de Petare.

José María De Viana: El punto de conexión entre lo público y privado

2011-04-14T15:39:00.000-07:00

El nuevo presidente de Cámara de Servicios de Empresas de Telecomunicaciones (Casetel), José María De Viana, cree en la posibilidad de que el sector privado y el ente regulador (Conatel) puedan trabajar juntos pese a las diferencias.
Como ejemplo recordó las discusiones para el diseño de la Ley de Telecomunicaciones con los ex ministros Diosdado Cabello y Jesse Chacón. "Donde hay división tu destino es lograr la unión", apunta, antes de reconocer que es un gran reto el que asume al frente de la organización que agrupa a 34 empresas del sector.
Pero asumir los retos de una forma pragmática y efectiva parece ser su orientación en lo público y lo privado.
En el registro de su hoja de vida se encuentra la gestión al frente de Hidrocapital, que comenzó en septiembre de 1992, cuando el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, aún sacudido por el golpe de Estado de febrero, lo llamó para asignarle una misión pese a no militar en ningún partido.
De Viana, ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en 1976, recibió la presidencia de la empresa que hasta hace dos años se llamaba Instituto Nacional de Obras Sanitarias (Inos), ahora Hidrocapital, pero que era conocida por los caraqueños con el mote de Hidrocriminal debido al mal servicio que prestaba.
"Los trabajadores tapaban con tirro el nombre de la compañía colocado en las puertas de las camionetas, para no tener problemas en la calle", recuerda De Viana, 19 años después, sentado en la oficina que le asignaron como asesor de la presidencia de Digitel, en el edificio Cubo Negro.

Huella de herencia
Durante los siete años de su gestión (de 1992 a 1999), la empresa mejoró el servicio, aumentó su recaudación anual a $180 millones, despartidizó la gerencia y profesionalizó al personal. Para lograr estos objetivos empleó sus conocimientos como ingeniero civil y lo que él llama "la huella de herencia": la sensibilidad por lo social de su padre, un dirigente sindical vasco que huyó de la España del dictador Franco; y el tesón de su madre, una mujer campesina, preocupada por el bienestar de los cuatro hijos (dos hembras y dos varones, uno de ellos el sacerdote jesuita Mikel De Viana).
"En la función pública debes tener una enorme sensibilidad para atender las necesidades de las personas y la practicidad para ejercer las acciones que permitan resolver los problemas", resalta.
De Viana siguió al frente de Hidrocapital hasta el triunfo del actual mandatario Hugo Chávez Frías, en 1999. Entonces se percató que era más importante la ideología que el talento. Decidió salir.
La presidencia la asumió Jacqueline Farías, su antigua subalterna.
De su paso por Hidrocapital quedó una mancha en su hoja pública.
En el año 2000, la Contraloría General de la República multó a los miembros de la junta directiva de la empresa con el pago de 453.600 bolívares de los viejos, por asignación directa de obras.
"Decidí apelar la decisión de la Contraloría en defensa de quienes me acompañaron en la junta directiva, algunos de ellos ya muertos", apunta. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la decisión.
Para De Viana esa cuenta moral no está saldada.
En lo personal, Hidrocapital también lo marcó. Entonces se creía imprescindible para la empresa. Su primer matrimonio, en el cual tuvo dos hijos, se deshizo. Ahora, con 57 años, casado por segunda vez y seis hijos, no se pela una vacación y sabe que las organizaciones pueden seguir sin él.
Al salir de Hidrocapital se le presentaron dos opciones: trabajar con La Electricidad de Caracas o con Cantv. Se decidió por la segunda sin saber nada de telecomunicaciones. Inició un proceso de aprendizaje en un período de prueba de tres meses.
Para el 2000 era ya gerente de Telecomunicaciones Públicas donde impulsó la red del sistema prepago y la instalación de 500 centros de telecomunicaciones; y tres años después presidente de Movilnet.
El periodista Heberto Alvarado, autor de la columna "Tecnología en criollo", que publica todos los domingos Últimas Noticias, recuerda que De Viana llevó a Movilnet al liderazgo tecnológico en Venezuela y Latinoamérica al migrar la plataforma de la empresa de CMA a TCDMA, así como al lograr que fuera la primera en ofertar servicios 3-G.

Publicado hoy 14 de abril en El Mundo Economía y Negocios.

El vuelo de narcoavionetas criollas a Honduras

2011-04-11T16:17:00.000-07:00

El 29 de enero de 2009, periódicos hondureño publicaron una nota acerca de un tiroteo entre autoridades y delincuentes y el posterior hallazgo de una avioneta con sigla venezolana en la isla Utila, en la cual narcotraficantes transportaban mil 400 kilos de cocaína. Ninguno de los tripulantes, así como los lancheros que esperaban para trasladar la droga, resultó capturado.

Desde ese momento inicié un seguimiento a todos los casos de hallazgo de avionetas criollas en Honduras, las cuales estuvieran vinculadas con el narcotráfico. Los medios de ese país comenzaron a hablar una mafia venezolana encargada de enviar la droga.

Entre septiembre de 2006 y 2008 solo habían atrapado a cinco aeronaves venezolanas. Pero entre enero y mayo de 2009, fueron cinco más. Los registros de las autoridades hondureñas y norteamericanas identificaron una mayor cantidad de vuelos y los vecinos de la isla de Utila aseguraron a los medios de ese país que cada martes y sábado llegaban los aviones que dejaban su carga y despegaban nuevamente.

Toda esta historia viene a propósito de las recientes declaraciones de Walid Makled al periodista Casto Ocando, quien lo entrevistó para Univisión hace dos domingos.

El mayor de los Makled habló de los vuelos de aviones cargados de droga que salen a diario -el presente me parece una exageración para alguien con más de un año y medio detenido- hacia Honduras.

Por esa razón, aprovechando lo declarado por el futuro extraditado a Venezuela, hago uso de esta herramienta para presentar este reportaje publicado en junio de 2009, una semana antes del golpe hondureño -trabajo finalista del I Concurso del Premio Nacional de Periodismo de Investigación de Instituto Prensa y Sociedad (Ipys)- donde, si tomamos por cierto lo dicho por Makled, nos quedamos corto en la magnitud del caso.

Apagones de larga data

2011-04-08T10:11:00.000-07:00

Desde el 2000, expertos alertaron acerca de la necesidad de incrementar la generación eléctrica, al observar que el incremento interanual de la demanda era de 3,7%.

- En 2003, Venezuela presentó una grave sequía que afectó al embalse del Guri –la cota llegó 244,55 msnm-, donde se encuentra el principal generador hidroeléctrico del país (10 mil MW). Se habló de acelerar las obras de generación termoeléctrica. En esa ocasión no hubo racionamiento eléctrico.

- En 2005, se planteó construir proyectos que generaran 5.442 MW entre 2006 y 2010.

- En 2006, Como parte del Convenio Cuba-Venezuela, en 2006 comienza la Misión Revolución Energética, con dos aspectos puntuales. El cambio de bombillos incandescentes por ahorradores exportados de Asia por Cuba para ser vendidos a Venezuela. El otro punto fue la utilización de la estrategia de la generación distribuida para atacar el déficit eléctrico. Esa experiencia se ha utilizado en Cuba.

- A principios de 2009 comienza a bajar el nivel del Guri. En octubre se anunció el decreto de emergencia que incluyó la autorización del Ejecutivo para la adquisición de material y contratación de obras de la forma más expedita. Se encargó de esto al recién creado Ministerio de Energía Eléctrica.

- Para febrero de 2010, el Gobierno ofreció instalar casi 4 mil MW y luego 5 mil MW. Entonces la cota del Guri estaba en 255 aproximadamente. Desde hacía 12 meses había racionamiento eléctrico.

- A final del año 2010 la generación nueva instalada llegó a 1.250 Mw con una inversión de más de 4,5 mil millones de dólares. Continúa el rezago en las obras eléctricas. Siguen los apagones y la compra de equipos eléctricos y contrataciones de obras presentan signos de sobreprecios.

Publicado este 8 de abril por César Batiz/@Unoticias

Diez episodios del caso Makled

2011-04-08T07:16:00.000-07:00

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ratificó este miércoles que el presunto narcotraficante Walid Makled será extraditado a Venezuela. A continuación, momentos importantes sobre este affaire

1. Durante el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, Walid Makled colaboró con las autoridades. El entonces Comandante del Core 2, general Felipe Acosta Carlez, asegura que llevaba arepas a la tropa. El empresario señala que ayudó con el transporte de alimentos para quebrar el paro.
2. En 2004, el Grupo Makled recibió de Pequiven la concesión para la comercialización de urea a diferentes partes del país.
3. Desde el año 2005, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra el Grupo Makled, por grandes depósitos y retiros de cuentas de los miembros de la familia y sus trabajadores.
4. Ese mismo año, autoridades encontraron cargamentos de urea distribuidos por los Makled en Santa Elena de Uairén (Bol), cuyo destino original era San Carlos de Cojedes.
5. Walid recibió la administración de los depósitos y movimiento de carga de Puerto Cabello en 2005. El general Felipe Acosta Carlez era el gobernador de Carabobo; y el vicealmirante Carlos Máximo Aniasi Turchio, hoy comandante de la Armada, la máxima autoridad portuaria.
6. En 2006, se creó la Fundación Makled para realizar donaciones de alimentos y electrodomésticos. Ese mismo año Walid donó a fundaciones de Carabobo BsF 6 millones. La entrega la realizó en el programa Aló Mi Pueblo, dirigido por Acosta Carlez.
7. El 13 de noviembre de 2008, oficiales de inteligencia militar allanaron una finca propiedad de Walid, y encontraron 388 kilos de cocaína. Los hermanos Abdalá, Basel y Alex fueron arrestados de inmediato, pero Walid Makled logró escapar.
8. En enero de 2009, fueron asesinados el veterinario Francisco Larrazábal y el periodista Orel Zambrano. Autoridades indiciaron a Walid en la muerte de ambas personas.
9. El 20 de agosto del año pasado, Walid fue capturado en Cúcuta. Desde entonces ha apuntado a ministros, autoridades militares y policiales y diputados de haber recibido favores de su parte. Los tenía en una nómina a muchos de ellos.
10. En la reunión de Santa Marta, Colombia, de agosto del año pasado, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ofreció entregar a Walid a Venezuela. EEUU también lo pidió.

Publicado en @UNoticias por César Batiz / cbatiz@cadena-capriles.com

El azúcar amargo en Central Cariaco

2011-03-20T12:13:00.000-07:00

Por César Batiz

Lea 10 claves del caso del sobreprecio en la compra de 330 tuberías para las calderas del Central Cariaco.

1. Los 400 productores del Valle de San Bonifacio y Cariaco desde hace dos años no pueden arrimar 140 mil toneladas anuales de caña al Central Cariaco, debido a la reparación de las calderas ordenada por CVA-Azúcar

2. Las calderas son el corazón de todos los ingenios. Con ellas se produce el vapor para mover toda la fábrica

3. Para reparar las calderas, se necesitaban 330 tuberías. Una comisión de productores, trabajadores y un asesor cubano visitó la empresas Sánchez y Cía el 5 de agosto de 2010, donde encontraron los tubos

4. 13 días después, Sánchez y Cía vendió las tuberías, debido a que no había ningún compromiso adquirido con CVA-Azúcar. El precio fue de BsF 310.464, pagados por Sumimse

5. El 19 de agosto, CVA-Azúcar emitió una orden de compra a favor de Inversiones Domimca por BsF 1.845.782,40

6. Un día después, Domimca pagó a Sumimse BsF 372.556,80. El dueño de Domimca dice que canceló BsF 900 mil

7. El sobreprecio superó los BsF 1,5 millones

8. El 26 de agosto las 330 tuberías fueron entregadas en Cariaco

9. Autoridades esperan que el Central Cariaco refine azúcar desde este martes y muela caña a más tardar el 15 de abril

10. En 2010, Venezuela importó 800 mil toneladas de azúcar

Publicado el 19 de marzo en @Unoticias

Con sobreprecios sacan el jugo a CVA-Azúcar

2011-03-20T11:51:00.000-07:00

Tan solo un día bastó para que 330 tuberías de tres pulgadas, que actualmente se utilizan para reconstruir las dos calderas del Central Azucarero Cariaco (Suc), aumentaran más de un millón y medio de bolívares fuertes en un proceso de compra-venta que involucra a tres empresas y a un organismo oficial como la Corporación Venezolana de Alimentos-Sección Azúcar (CVA-Azúcar), dependencia del Ministerio de Agricultura y Tierra.

Las dos calderas, explicó un técnico del Central Cariaco que prefirió no dar su nombre para evitar represalias de las autoridades del sector, “son el corazón de la fábrica”.

Sin ellas el ingenio no es más que un gran depósito metalúrgico, con óxidos acumulados y tanques vacíos que filtran la luz en un claro oscuro de tonalidad ocre.

El vapor que generan las calderas, permite que la caña, que obreros o máquinas cortan luego de prender candela al sembradío, sea trapichada y su jugo calentado hasta que, gracias a un largo proceso químico, aparecen los cristales azucarados que llegan empacados al mercado, donde se consumen 1,2 millones de toneladas anuales de azúcar según cifras de la Federación Nacional de Cañicultores de Venezuela (Fesoca).

Pérdidas. Desde hace dos años, este proceso no ocurre en Cariaco, que junto al Sucre (Cumanacoa) son los dos centrales de la entidad.

Cerca de 240 mil toneladas de caña se han perdido porque no ha habido zafra en Cariaco.

En el periodo de cosecha de 2010, los 400 productores del Valle de San Bonifacio y Cariaco arrimaron más de 19 mil toneladas al Sucre, para no perder toda la producción.

En el Central Sucre confluyen 533 cañicultores que producen 71 mil toneladas de caña, según reveló el líder de los productores de Cumanacoa, Ángel Rivas. Por reparaciones en la fábrica, la zafra está retardada 65 días. Debió comenzar el 15 de enero y ahora iniciará este lunes.

Claro, el caso del Central Sucre no se compara con el de Cariaco, con sus dos años sin poder moler, pero ambos se unen en la suma de factores que inciden en la escasez del producto en el mercado nacional, situación que el Gobierno solventó el año pasado importando 800 mil toneladas de azúcar.

“Desde 2005 ha aumentado la importación de azúcar y disminuido la producción nacional. Pareciera que eso conviene más”, manifiesta el presidente de Federación Bolivariana de Trabajadores del Azúcar, Samuel Linares.

La promesa de las autoridades para los 400 cañicultores de Cariaco, indica que el víacrucis de perder parte de la cosecha pudiera terminar a más tardar el 15 de abril, justo antes de Semana Santa, cuando una de las dos calderas para las cuales se compraron los 330 tubos, comience a funcionar. Eso sí, con una historia de retardo y sobreprecios a cuesta.

Marshall y cubanos “Ahora estamos peor que antes”, comenta el productor del Valle de San Bonifacio, César Marín. Recuerda que en febrero de 2009, iniciaron la toma del central para protestar por el maltrato que recibían de “los Marshall”, grupo económico que a través de la firma Corseagro, administraba el ingenio desde octubre de 1994, cuando lo negociaron con el gobierno de Rafael Caldera. “Nos pagaban la caña y siempre estábamos endeudados con ellos”, rememora Marín.

El 29 de abril de 2009, el entonces ministro de Agricultura y Tierra, Elías Jaua, se presentó con el decreto de expropiación en el portón del Central Cariaco. Allí justo al frente de la imagen del guía del pueblo judío de seis metros de altura que indica la entrada a las Aguas de Moisés, uno de los sitios turísticos de la zona, cumplió la orden del presidente Hugo Chávez.

En el decreto, publicado en la Gaceta Oficial de la misma fecha, anunciaba que el central se convertiría en una empresa de producción social, en la cual trabajadores y productores tendrían el derecho a participar. “Eso nunca ha pasado”, apunta Marín.

Para ese momento el presidente de CVA-Azúcar era Jesús Reyes, quien nombró a Milagros Moreno como gerente de Cariaco. A ella la acompañó el asesor cubano Manuel María Tabares.

Cuentan dos técnicos que Tabares sugirió que se debía aprovechar la ocasión para realizar una reparación general. “Desarmó la mesa de caña que todavía aguantaba un rato y tomó la decisión de hacer lo mismo con las dos calderas cuando debió comenzar con una para dejar operativa la fábrica”, señala uno de los trabajadores.

Para realizar las reparaciones, CVA-Azúcar efectuó una licitación para el suministro de materiales que ganó la Cooperativa Imagen Center 2014. Pero ese fue un proceso fallido (ver Sal en el agua) y antecedente de la compra con sobreprecio de los 330 tubos.

Últimas Noticias trató de comunicarse con Tabares a través de su teléfono celular, sin obtener respuesta. El asesor cubano se encuentra actualmente en el Central Santa Clara, ubicado en el municipio Carbonero, a 15 minutos de San Felipe (Yar), que también sigue en reparación.

Esta semana el legislador yaracuyano de Un Nuevo Tiempo, Francisco Ferrer, denunció casos de corrupción en Santa Clara.

La comisión En julio de 2010, Milagros Moreno entregó la gerencia de Cariaco a Alfredo Bravo. De acuerdo con las fuentes internas, la primera decisión fue salir a buscar las tuberías para las calderas.

Los productores César Marín, Tomás Alcalá, los trabajadores Jesús Rodríguez y Eliécer Montes; así como el asesor cubano Norge Moreno, conformaron la comisión que viajó a la sede de la empresa Sánchez y Cía en Valencia, donde estaban los tubos.

El 5 de agosto, los miembros de la comisión levantaron un informe y se comunicaron con Freddy Rivas, en ese momento vicepresidente de Administración de CVA-Azúcar, a quien le notificaron que esas eran las tuberías que necesitaban.

Trece días después, el representante de Sánchez y Cía les informó que las tuberías habían sido vendidas (ver infografía). El gerente de la empresa en la zona oriental, Frank Lugo, confirmó vía telefónica que vendieron a la empresa Sumimse, un mayorista de material metalúrgico de Valencia. Aún no había ningún compromiso con CVA-Azúcar.

La gerente general de Sumimse, Sandra de Fernández, buscó en sus archivos la factura de compra a Sánchez y Cía y la de venta a Inversiones Domimca, a la que le vendió dos días después que las tuberías ingresaron a su almacén.

Mientras la operación entre Sumimse y Dominca se completaba, el vicepresidente de Administración anunció el 19 de agosto que el problema se resolvería porque ya habían encontrado un proveedor.

Ese mismo día CVA-Azúcar había emitido la orden de compra a favor de Domimca, por BsF. 1.845.782,40, es decir, 1.535.318,40 más que el precio de venta inicial de Sánchez y Cía (ver infografía). Los técnicos y César Marín concuerdan en que de inmediato sospecharon debido a que sabían que sólo Sánchez y Cía tenía las tuberías, las cuales son importadas.

Además, para ese 19 de agosto que sale la orden de compra, Domimca aún no había cerrado el negocio con Sumimse, informó la gerente de está empresa.

En San Carlos. La sede de CVA-Azúcar se encuentra en San Carlos (Coj), a seis horas por carretera de Caracas. Su presidente, Darío Brito, no despacha desde las instalaciones de la corporación, sino desde la oficina de la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y Tierra, órgano que también dirige.

El jueves 3 de marzo, ÚN se presentó en su oficina, pero Brito se encontraba atendiendo una emergencia en el Central Santa Elena, que funciona en Cojedes, en los límites con Portuguesa. Pese a las llamadas y mensajes, el presidente de CVA-Azúcar nunca respondió. Algo distinto pasó con Freddy Rivas, exvicepresidente de Administración. En la tarde, luego de buscarlo en diferentes puntos, atendió una llamada.

Al preguntar por Rivas y Brito, dirigentes campesinos y productores de la zona dieron referencias que indican que forman, junto a otras dos personas, una yunta que ha pasado por diferentes cargos de los órganos que atienden el agro, en especial Rivas.

“Primero estuvo en el Inti, de donde lo sacaron por protestas. Después ocupó el cargo de gerente del Banco Agrícola. De allí salió por la misma razón. Más tarde en CVA-Azúcar y ahora quedó como coordinador de Agropatria, pese a todas las denuncias”, manifestó un dirigente campesino que no quiere que su nombre sea público debido a que en Cojedes el que reclama y denuncia recibe amenazas.

La tarde del 3 de marzo, Rivas respondió el teléfono. Al ser interrogado cuál fue la razón para comprar a Inversiones Domimca por BsF. 1.845.782,40 las mismas 330 tuberías que un día antes costaban BsF 310.464, dijo que cuando se enteraron de que Sánchez y Cía había vendido las piezas, tocó salir a buscarlas nuevamente. En un día las halló. Domimca “fue el proveedor que encontramos”. Quedó en devolver la llamada para concretar una cita, pero nunca lo hizo.

Vender y ganar. Inversiones Domimca está inscrita en el registro Mercantil I de Aragua. Según la información asentada en el documento oficial, el accionista mayoritario es Domingo León y la sede de la misma se encuentra en un callejón del sector Niño Jesús, del Limón (Ara).

La referencia conduce a la sede de la empresa y casa de León, quien el mediodía del 4 de marzo atendió a ÚN en el portal de la vivienda-oficina.

“Casi dos meses antes de la entrega del material (26 de agosto) recibí un correo informándome que había sido seleccionado para suministrar material a CVA-Azúcar. Inicialmente me pidieron 2.000 y pico de tubos”, expone León.

Asegura que las tuberías las buscaron en diferentes empresas, entre ellas Sánchez y Cía. Destaca que también negociaron con un vendedor de Sumimse, que al final le vendió los 330 tubos por BsF 900 mil y los despachó a Cariaco.

“Uno vende para ganar y no para perder”, expuso León cuando se le preguntó el motivo por el cual había vendido por el doble de lo que compró.

La gerente de Sumimse afirma que la venta a Domimca fue por BsF 372.556,80 y no por los 900 mil que asegura León.

El viernes León comentó que el precio de BsF 900 mil fue el que le dieron los compradores de su empresa.

¿Ellos se ganaron casi BsF 600 mil y usted BsF 900 mil?

-Ese es el proceso de lo que es el comercio. Así son las negociaciones -apuntó-. Además, mi precio fue menor al de los otros proveedores que cotizaron.

Publicado el domingo 20 de marzo en Últimas Noticias

Diputados ampliaron denuncia por manejo del Fondo de Jubilación de Pdvsa

2011-03-17T17:50:00.000-07:00

Este jueves 17 de marzo, los diputados Julio Montoya e Ismael García ampliaron la denuncia en contra de Francisco Illaramendi en la Fiscalía General de la República. Además, solicitaron inicial la investigación tal como se realiza en EEUU.

El miércoles en la noche informamos a través de @Unoticias, que los diputados acudirían hoy a la Fiscalía, donde también pidieron la aplicación de la asistencia recíproca entre Venezuela y EEUU, para permitir a las autoridades venezolanas acceder al expediente que lleva la Corte del Distrito de Connecticut.

El miércoles en la noche, como también publicamos en @Unoticias, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional decidió, a solicitud del diputado Andrés Velásquez -aprovechamos para corregir ese error, pues dijimos inicialmente que era Ismael García-, crear una comisión especial que investigará el uso de los recursos de los fondos de Jubilación y Pensiones de Pdvsa por la banca de inversión de Francisco Illaramendi, Michael Keenwood Group.

Según la información develada por la Securitties Exchange Comission (SEC), Illaramendi manejó al menos $486 millones de los jubilados de Pdvsa en el esquema de fraude Ponzi o Pirámide.

Lean aquí el texto completo de la ampliación de la denuncia

Nuevas irregularidades en el caso Illaramendi

2011-03-14T12:06:00.001-07:00

Por César Batiz

cbatiz@cadena-capriles.com

La auditoría realizada a los documentos en poder de la firma de inversiones del exfuncionario de Pdvsa, Francisco Illaramendi, Michael Kenwood Group, que han sido evaluados por el equipo de auditores de la Fiscalía de Connecticut, ha demostrado la falsificación de papeles de inversión en los mercados internacionales.

Esa situación agrava más aún la situación jurídica de Illaramendi, quien en la tramoya también habría empleado un banco de maletín con sede en el Principado de Andorra, según revelaron fuentes vinculadas al caso en los EEUU.

El martes la Corte del Distrito de Connecticut proporcionó información acerca del esquema de estafa empleado –Ponzi o Pirámide- por Illaramendi y su Grupo Michael Kenwood, lo que incluyó la presentación de cartas de banca de inversión e instrumentos de deuda falsos, la fabricación de contratos de inversión, y “el diseño de transacciones con poco sentido económico con la finalidad de tapar los hoyos financieros” creados en los fondos de inversión, expone el informe.

Para ejecutar la trampa, el exfuncionario de Pdvsa -hijo de un exministro de gobierno de Rafael Caldera y miembro de una familia que en su mayoría forma parte del Opus Dei- manejó tres fondos de inversión a través de los cuales recibía el dinero de los inversionistas y realizaba triangulaciones con la finalidad de presentar balances favorables entre activos y pasivos: MK Venezuela, Short Term Liquidity Fund (Stlf) y MK Special Opportunities Fund (Mksof).

A gran escala

La fuente que prefirió mantenerse en el anonimato, contó que el fraude pudiera pasar a ser una estafa a gran escala, que implica mayores consecuencias penales para Illaramendi, si se demuestra que no solo empleó el esquema Ponzi o Pirámide, para pagar a los inversionistas más viejos con el dinero de los nuevos, sino que también falsificó toda clase de documentos, usurpando la personalidad jurídica de bancas de inversión y usó un banco de maletín ubicado en Andorra, para certificar bienes que en realidad no posee, por lo que ahora el exasesor de Pdvsa no podrá responder con sus propios recursos a las deudas contraídas, lo que significa que estarían en peligro lo invertido por directivos de Pdvsa en nombre de los fondos de Pensiones de Trabajadores y Jubilación de la industria.

La fuente también indicó que a finales del año pasado y principio de este, Michael Kenwood Group pagó a las personas naturales, pero quedaron pendientes las empresas y corporaciones que le confiaron el dinero, entre ellas la estatal petrolera venezolana.

Buscando plata

Además, el informe de la Corte ratificó que el desvío de los $53 millones, $23 millones de los cuales colocó en una empresa de energía nuclear de Oregon (EEUU), fue una estrategia para obtener rápidos dividendos y poder contar con liquidez para cancelar a los inversionistas. Sin embargo, en documentos previos de la Securitties and Exchange Comission se detalle que las operaciones de NuScale –la compañía de energía nuclear- comenzaría a generar ganancias en 2018.

En esa operación se emplearon recursos de Pdvsa, al punto de que a principio de febrero, la Corte aprobó a los directivos de NuScale solicitar un préstamo a la petrolera para continuar la operatividad. Un directivo de la compañía de energía nuclear dijo que a Pdvsa le convendría aprobarlo para garantizar la inversión realizada. De esa negociación ha sido imposible conocer nueva información, pues los gerentes de Nuscale no responden los correos enviados.

Por el caso, el FBI detuvo a dos venezolanos, el contador Juan Carlos Guillén, y el banquero, solicitado en Interpol por el caso de Baninvest, Juan Carlos Horna Napolitano, a quienes Illaramendi aseguró haber pagado $3 millones para falsificar documentos que acreditaban a favor del fondo Stlf un préstamo de $275 millones.

El caso continúa en desarrollo en Connecticut y seguido con mucha expectativa en Venezuela.

Publicado en El Mundo Economía y Negocios y Últimas Noticias

La estafa al Fondo de Pensiones de Pdvsa

2011-03-11T14:48:00.000-08:00

Por César Batiz

A continuación les presento 13 claves para una mejor explicación del caso de los fondos de Jubilación y Pensiones de Pdvsa, basado en lo investigado y publicado hasta la fecha en El Mundo Econonomía y Negocios y Últimas Noticias.
El día de hoy estas claves fueron publicadas por @Unoticias y @elmundomovil, pero, como es lógico, el tsunami japonés arrastró toda la atención.

En 2003, Francisco Illaramendi creó el bono bolívar dólar con lo que permitió que el Gobierno obtuviera liquidez después del paro
Entre 2004 y enero de 2005, Illaramendi trabajó en PDV-USA junto al exministro de Finanzas y exdirector de Finanzas de Pdvsa, José Rojas
En 2006, registra la firma de inversiones Michael Kenwood y crea fondos para captar recursos. Comienza a armar lo que más tarde sería conocido un fraude con el esquema Ponzi
De 2008 a 2010, realiza operaciones con recursos provenientes del Fondo de Jubilaciones y Fondo de Pensiones de Pdvsa. También monta una emisión de bonos de La Electricidad de Caracas que dejó mucha cola en la empresa, al punto que debió renunciar el vicepresidente de Finanzas de la época. Illaramendi era conocido entonces, junto a Robert Ellis -otro asesor financiero venezolano en Nueva York- como los banqueros rojos, debido a los negocios con Venezuela
En noviembre de 2010, una fuente anónima denunció ante la SEC que Illaramendi usó el dinero colocado en los fondos identificados con los nombres MK Venezuela y Short Term Liquidity Fund en inversiones riesgosas y que no formaban parte de los objetivos de dichos fondos
El 14 de enero de 2011, la SEC demandó a Illaramendi en la Corte del Distrito de Connecticut por el desvío de $53 millones de dólares pertenecientes a los dos fondos de inversión donde estaban ubicados $540 millones
De acuerdo con la demanda de la SEC, 90% de los recursos ($486 millones) ubicados en los fondos MK Venezuela y Short Term Liquidity Fund pertenece al fondo de jubilación de una corporación extranejera
El 28 de enero de la Corte del Distrito de Connecticut ordena congelar todos los bienes de Illaramendi.
Fuentes consultadas por El Mundo Economía y Negocios aseguraron que los $486 millones son del fondo de jubilaciones de Pdvsa. Dirigentes de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) y miembros del directorio de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (Ajip) ratificaron la información
Se ve afectada la inversión realizada por Illaramendi en una empresa de energía nuclear de Oregon, donde fueron a parar $23 millones de los recursos de Pdvsa
El 14 de febrero, el presidente de la Asociación Civil del Fondo de Jubilación de Pdvsa y director de Finanzas de Pdvsa, Eudomario Carruyo, envió cartas a la Futpv y Ajip para afirmar que estaban garantizados los recursos colocados en los fondos administrados por Illaramendi
Tres días después, el ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, afirmó en la Asamblea Nacional que el Fondo de Jubilación no era administrado por la directiva de Pdvsa sino por una junta nombrada por los trabajadores. Sindicalistas y jubilados lo desmintieron públicamente
El 7 de marzo, Illaramendi asume toda la culpa en el delito de fraude, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos, entre otros. El FBI y el Departamento de Justicia anuncian la detención del contador público venezolano Juan Carlos Guillén; y del banquero, también criollo, solicitado por el caso de Baninvest, Juan Carlos Horna Napolitano, por falsificación de documento

Illaramendi no tiene dinero para responder a las deudas pendientes

2011-03-10T11:03:00.000-08:00

Por César Batiz

El venezolano, exfuncionario de Pdvsa y asesor financiero, Francisco Illaramendi, acusado inicialmente el 14 de enero por la Securities and Exchange Comission (SEC) por el fraude cometido en el manejo de dos fondos de inversión de $540 millones -entre ellos $486 millones del Fondo de Jubilaciones de Pdvsa-, este 7 de marzo decidió admitir toda la culpa y revelar más datos que involucran, por ahora, a otros dos venezolanos detenidos en EEUU, así como reconoció el pago de sobornos.

En su declaración, de acuerdo con la nota de prensa de la Corte del Distrito de Connecticut, Illaramendi admite, que como parte del esquema de fraude utilizado –esquema Ponzi, conocido en Venezuela como La Pirámide-, “usó el dinero proporcionado por los nuevos inversores a los fondos para pagar los beneficios que prometió a los inversionistas anteriores, creó documentos falsos y engañosos relacionados con los activos de los fondos, hizo declaraciones falsas a sus inversionistas y acreedores en un esfuerzo para obtener nuevas inversiones de ellos y mezcló las inversiones en cada fondo de cobertura individual con las inversiones en los fondos de cobertura de otros… y acordó pagar sobornos a personas vinculadas con dichas operaciones”. La información pública no da más detalles de este hecho.

El fiscal del Distrito de Connecticut, David Fein, resaltó que algunas de las inversiones realizadas por el banquero generaron pérdidas, pero él eligió deliberadamente ocultar esta información mediante la participación en un ardid para defraudar y engañar a sus inversionistas y acreedores para evitar que fuera descubierta la verdad acerca de las pérdidas.

Sin plata

Admitió haber pagado $3 millones a los dos venezolanos detenidos

Indicó el representante de la Fiscalía de EEUU que Illaramendi presenta “obligaciones pendientes de pago que superan ampliamente el valor real de sus activos”. Desde el 28 de enero de este año, todos los bienes del banquero se encuentran congelados.

Esa acción ejecutada por las autoridades norteamericanas, llevaron al presidente de la Asociación Civil Fondo de Jubilación de Pdvsa, Eudomario Carruyo –responsable de la administración de los recursos entregados a Illaramendi-, a anunciar en carta enviada a la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (Ajip) y a la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), el 14 de febrero, a asegurar que los recursos colocados en los fondos están garantizados, información que se contradice con lo dicho por el fiscal Fein.

Cómplices

Las operaciones del fraude montado por el exfuncionario de Pdvsa comenzaron en 2006, según las autoridades norteamericanas, y se extendieron hasta enero de este año, cuando fue acusado por la SEC.

La investigación efectuada por la SEC y el FBI señala que Illaramendi no actuó solo para montar el esquema fraudulento que podría costarle que se quede sin ninguno de sus bienes, que nunca más pueda ejercer como asesor financiero en EEUU o que incluso pague una pena de 70 años en prisión, debido a un delito de cuello blanco, el más grave que ha manejado la Fiscalía en Coneccticut, tal como informó el mismo Fein.

En el montaje de toda la trampa cooperaron con él un contador, un banquero y una persona que sirvió como fuente oculta al FBI.

El contador detenido en Miami el pasado viernes se llama Juan Carlos Guillén y el banquero Juan Carlos Horna Napolitano, señalan los informes del FBI presentado ante la Corte de Connecticut. El primero trabajó para una reconocida firma internacional de contadores públicos. El segundo fue un alto ejecutivo de Baninvest, por lo que se encuentra solicitado por el Tribunal 11 de Control de Caracas y por lo tanto aparece en alerta roja de Interpol. Casualmente, vivía tranquilamente en Miami y en el caso sirvió como intermediario.

El pasado viernes, medios venezolanos, entre ellos El Mundo y Últimas Noticias, publicaron en sus páginas web la información acerca de la presunta detención de Illaramendi en Miami. Una fuente de la Corte de Connecticut no lo admitió ni lo desmintió, pero un asesor financiero internacional contó al periodista que el exfuncionarios de Pdvsa se encontraba en Florida cuando ocurrió la detención de Guillén y Horna, y que habría participado en una operación del FBI para apresar al contador y al banquero en una reunión donde estuvieron los tres.

Guillén y Horna serían los responsables de falsificar un documento que aseguraba que empresas le debían Short Term Liquidity Fund (STLF), un fondo registrado en las Islas Caimán por socios de Illaramendi en la firma de inversión Michael Kenwood, $275 millones.

Esa carta

De acuerdo con la fuente financiera que habló con el periodista, esa carta, realizada con el membrete de un banco, fue utilizada para tapar un hueco creado en uno de los fondos.

Las autoridades americanas alegan que la misma carta y otros documentos falsificados se emplearon para atraer a más inversionistas que pasaban a formar parte de la pirámide que se le derrumbó a Illaramendi.

Al respecto el documento del FBI expone que: “La investigación muestra que la fuente protegida, Guillén, el intermediario (Horna) y otros participaron en una conspiración para falsificar una carta de verificación de activos en nombre STLF”. Más adelante puntualiza que todos sabían que los préstamos no existían.

Por su actuación en el delito de obstrucción de la justicia, conspiración y participación en el fraude a inversionistas y la SEC, Guillén y Horna podrían pagar 25 años de cárcel. Faltaría ver si el segundo será solicitado por Venezuela debido al caso Baninvest.

Con información del periodista Steven Bondzi

Publicado en El Mundo Economía y Negocios el 10 de marzo de 2011.

El dueño de Banorte

2011-03-04T18:48:00.000-08:00

Escribo ahora sólo una breve introducción para dejar colgado en mi blog dos reportajes del Caso Banorte, que pongo a disposición de los amigos usuarios gracias a la herramienta Scribd, verdaderamente muy útil para difundir documentos de todo tipo.

En esta ocasión cuelgo el segundo reportaje de la serie que sobre la reacción de las personas a quienes les suplantaron su identidad, así como un seguimiento a quienes participaron en el montaje de cinco compañías fantasmas.

El tercer reportaje es un perfil de José Zambrano, el dueño de Banorte, de Zuma Seguros y de Marinos de Anzoátegui. El Chacho, originario de Lechería (Anz), un hombre que cuando el presidente Hugo Chávez llegó al poder era diputado suplente de Proyecto Venezuela, pero en menos de dos años se convirtió en un reconocido empresario chavista del Oriente venezolano, que logró concesiones para explotar sal en Araya, contratos para la construcción de gabarras de Pdvsa en la época de Luis Vierma y era presentado en órganos oficiales como el promotor de la construcción de la planta de fertilizantes Fertiplan en los terrenos de Jose, cerca del criogénico, área de la cual se apoderó tras lograr que el anciano dueño de esas tierras le firmara un documento cediéndole la propiedad.

Dejo con ustedes estos dos reportajes publicados en Últimas Noticias:

Caso Banorte. La Fiscalía abrió una investigación (I)

Caso Banorte. La Fiscalía abrió una investigación (II)

José Zambrano, el dueño de Banorte (I)

José Zambrano, el dueño de Banorte (II)

Caso Banorte: la historia de una investigación periodística

2011-02-28T15:05:00.000-08:00

En febrero del año pasado, una fuente me entregó las copias de unas hojas Excel con los nombres de unas empresas, RIF, fecha y unas sumas de dinero. La persona sólo dijo que estos datos eran el resultado de la investigación realizada por la Oficina Nacional Antidrogas en la sede de Banorte de Altamira, donde encontraron una serie de documentos sobre créditos entregados a unas empresas de reciente creación.

A los expedientes crediticios les faltaba mucha información. Me sugirió investigar en los registros mercantiles. Me dio el nombre de banqueros y directivos (José Zambrano, Carlos Gill Ramírez y Mariano Navarro) e hipótesis del mecanismo empleado para guisar a Banorte.

Tras conversar con mis jefas directas en Últimas Noticias (Luz Mely Reyes y Adela Medina), comencé a buscar los nombres de las empresas en los registros. Era mi primera experiencia de este tipo. Carecía de entrenamiento para explorar entre documentos que tratasen acerca de la constitución de empresas. No obstante, los resultados no tardaron en aparecer.

Unas compañías no existían ni en el papel y cinco de las primeras que aparecían en el documento Excel, que fueron las que más dinero recibieron en créditos, que tenían fecha muy cercana de constitución, habían sido registradas por la misma persona autorizada por los supuestos dueños. En cuatro de las cinco el abogado era el mismo, en tanto que se repetían el contador y la comisaria.

Paralelamente, inicié la búsqueda del edificio perteneciente a Banorte. Fui a Catastro de Chacao, en el mismo edificio de la Bolsa de Caracas, y al Registro Inmobiliario de Chacao. Las pistas siguieron creciendo. Más datos me dirigían a otra parte de la historia que no tendría completa hasta noviembre 2010.

Sorpresa

Ya con la información de las cinco primeras empresas de la lista en la mano, con los nombres de los propietarios y direcciones de trabajo o vivienda localizados a través de un cruce entre las bases de datos de Maisanta, CNE y Ivss, busqué las sedes de las compañías, encontrando que eran falsas.

El siguiente paso fue llamar a los supuestos propietarios a sus sitios de trabajo e incluso casas. Dos de ellos me atendieron con amabilidad y se mostraron muy sorprendidos. Una se asustó tanto que dijo que me había denunciado con el Cicpc. Otra, en su oficina, me negó cualquier relación con los créditos. En fin, se comprobó la hipóstesis. Eran empresas fantasmas, pero que además, sus supuestos dueños, no sabían de la existencia de las mismas.

Entonces tenía la información suficiente para publicar. Me bastaba hallar al gestor, al contador, a la comisaria y a los abogados.

Gracias a que en el documento de registro se encontraba anotado el número del gestor, lo llamé a su celular. En una primera ocasión no respondió. Al día siguiente contestó y en momento dijo: "está llamando al más guevón". Nunca quiso informar cuál bufete de abogado que lo contrató.

El contador nunca respondió a la llamada que se le hizo a través del Colegio de Contadores. La comisaria, supe tiempo después, se fue del país; y uno de los abogados no contestó el teléfono. Al otro ni lo encontré.

Inca vs Banorte

El 18 de abril salió publicado el primer reportaje. Ese día las primeras páginas de los periódicos la ocupaba el homicidio cometido por el boxeador Edwin Inca Valero contra su esposa Jennifer Viera. En la calle no había espacio para otra noticia.

El martes 20, mientras la mayoría del país comentaba ahora el suicidio del Inca en una celda de la Policía de Carabobo, tres de las personas a las que les suplantaron la identidad agilizaban sus denuncias en la Fiscalía. A uno los atendieron más rápido a otros más lentos, pero sin ninguna respuesta definitiva.

El domingo 25 salió otro reportaje. Al que siguió tiempo después un perfil del propietario de Banorte desde julio de 2008 hasta diciembre de 2009, José Zambrano, un hombre que dio un salto de la riqueza en menos de una década.

Durante casi un año, Zambrano fue el único dueño de un banco intervenido al cual no se le dictó ninguna medida judicial. Parecía que no era investigado. Alrededor de esa situación se tejieron dos hipótesis que no pude comprobar y por lo tanto tampoco voy a comentar, al menos en público

Triangulación

A ese reportaje siguió otro donde expliqué cómo Zambrano compró Banorte al expropietario Carlos Gill Ramírez. La participación en esta operación de Julio Herrera Veluttini –Helms Bank y Banco Real- y la relación con otros banqueros que se unieron para aprovechar el dinero depositado en la entidad para pagarse y darse el vuelto, utilizando para ello las casas de bolsa que le permitían la operación de comprar bonos en bolívares que luego cambiaban en dólares que eran depositados en cuentas extranjeras.

En esa ocasión cometí un error. Dije que Gill Ramírez era directivo de Seguros Nuevo Mundo. Tuve que rectificar a solicitud de la aseguradora, pues la relación del banquero y la empresa de seguro había quedado en el pasado. Además, fue realmente presidente de Banco Nuevo Mundo, que luego se convirtió en Bancentro y más tarde Banorte.

Gill Ramírez envió una réplica para decir casi lo mismo y agregar que nada tenía que ver con la aprobación de créditos en la gestión de Zambrano. Sin embargo, mientras el fue presidente también se otorgaron créditos de esa forma, como los dados al presidente de Empreven, Alejandro Uzcátegui, a través de su empresa de asesoría financiera.

A este reportaje siguió la revelación del expediente de la Fiscalía en contra de José Rafael Velásquez, quien fue el único directivo de Banorte detenido desde el 20 de agosto hasta el viernes 18 de febrero de este año, cuando quedó bajo presentación. El documento del Ministerio Público demostró cómo se montó la trampa de Banorte y ratificó la información publicada en Últimas Noticias.

En noviembre redacté el reportaje sobre el caso del edificio de Banorte, ubicado frente a la Bolsa de Valores de Caracas, gracias a la información encontrada en el Registro Inmobiliario de Chacao. Este caso tuvo como protagonista principal a Pedro Torres Ciliberto, -imputado por el caso de los bancos Central y Real- quien a través de sus empresas compró y vendió la que iba a ser la sede de Banorte. Este edificio fue asignado por el Gobierno a la Policía Nacional Bolivariana, pero aún no ha sido concluido por falta de dinero.

Finalmente, cuando iniciaba mi vacación, una fuente me informó que José Zambrano, Luis Eduardo Orozco, María Pinto y Mariano Navarro, todos directivos de Banorte, aparecieron en la alerta roja de Interpol, casi un año después de la intervención de la entidad financiera que guisaron con empresas fantasmas.

Principales obstáculos

ü La Superintendencia de Bancos y Fiscalía General de la República nunca quisieron responder a alguna de las preguntas que les realicé.

ü Fue imposible conocer la versión de José Zambrano, María Pinto, Luis Eduardo Orozco y Mariano Navarro. Carlos Gill Ramírez ejerció el derecho a réplica. Luego una asistente de su esposa, Chepita Gómez Sigala, llamó para ofrecer una conversación, pero hasta la fecha no se ha concretado nada.

ü La División de Crimen Organizado, donde rendí declaraciones tras las denuncias de las personas a quienes les usurparon la identidad, no informó más acerca de los procedimientos efectuados

ü Seguir la pista al dinero dentro y fuera del país resultó muy complicado.

Primer reportaje del caso Banorte:

Primera página del primer reportaje de la serie Caso Banorte

Segunda página del primer reportaje de la serie Caso Banorte

Tercera página del primer reportaje de la serie Caso Banorte

Son seis reportajes y tres notas sueltas. Publicaré en los próximos días el resto de los reportajes

Jubilados y sindicalistas desmienten a Ramírez

2011-02-23T04:45:00.000-08:00

Por César Batiz y Erika Hidalgo

Caracas. Directivos de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (Ajip) y de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) coinciden en afirmar que el ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, no dijo la verdad al asegurar que son los trabajadores quienes designan a la junta administradora del Fondo de Pensiones de los Jubilados de la industria.
El jueves en la exposición ante la Asamblea Nacional, Ramírez aclaró que el fondo de pensiones no es administrado por Pdvsa.

“No incidimos en cómo se maneja ni en cómo se coloca. Es un tema en el que no tenemos competencia”, señaló luego de ser interrogado por el diputado de la Unidad Julio Montoya, acerca de la entrega de recursos del fondo de pensiones al asesor financiero, Francisco Illaramendi, exfuncionario de la estatal petrolera, demandado en EEUU, por el desvío de $53 millones.

Un directivo de la Ajip en la Costa Oriental del Lago (Zul), aseguró que el Comité Ejecutivo de Ajip en Caracas prepara una respuesta a los planteamientos del ministro Ramírez, basándose en los estatutos del fondo de pensiones.

De acuerdo con el artículo 1° de los estatutos, Pdvsa y sus filiales son los asociados del fondo, mientras que los jubilados tienen carácter de beneficiarios. Asimismo, en los artículos 9 y 11 se establece que la Asamblea, integrada por los asociados -Pdvsa y sus filiales- aprueba balance, toma decisiones financieras y nombra a la junta administradora.
Fuentes del Comité Ejecutivo de Ajip informaron que hoy desde las 8 am, los directivos de la organización se reunirán en Caracas para terminar de redactar el comunicado que entregarán a Ramírez.

Por su parte, el dirigente sindical y directivo de la Futpv, Eudis Girot, aseguró que, “ahora más que nunca, exigimos al vicepresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela, Eudomario Carruyo, que dé explicación a los trabajadores de lo que ha pasado con su dinero que irresponsablemente entregó a Illaramendi” afirmó.

Girot señaló que desde junio del año pasado Carruyo tuvo bajo su responsabilidad los dineros de los trabajadores, tanto del fondo de pensiones como de la caja de ahorros. Dijo que la propia Pdvsa le encomendó la tarea ya “que es la que siempre, repito siempre, hasta ahora ha sido la encargada de manejar esos recursos, y no los trabajadores”, apuntó.

El dirigente rechazó categóricamente el pronunciamiento de Rafael Ramírez, en el que se desentiende del control de los fondos de pensiones y de la caja de ahorros.

Publicado en Últimas Noticias el 22 de febrero